La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanzó en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por las antiguas Farc-EP con una decisión que involucra a 11 de sus antiguos comandantes, señalados como máximos responsables de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario en el norte y nororiente de Colombia. Entre los comparecientes aparecen Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, quienes hicieron parte del último Secretariado de la organización guerrillera.
La determinación fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad dentro del Caso 10, expediente que reúne conductas no amnistiables atribuidas a la antigua guerrilla y que no fueron examinadas en otros macrocasos.
La JEP identificó dos patrones de violencia en el conflicto armado
La investigación, bajo la correlatoría de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, identificó responsabilidades por hechos que afectaron a comunidades rurales, organizaciones sociales, autoridades étnicas y población civil en territorios donde la confrontación armada estuvo acompañada de mecanismos de sometimiento y control.
La imputación contempla delitos como homicidio, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual y ataques dirigidos contra civiles o bienes protegidos. También incluye conductas calificadas como crímenes de lesa humanidad, entre ellas asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos, una clasificación que, por su gravedad, excluye la posibilidad de conceder amnistías o perdones judiciales.
Control territorial y persecución contra comunidades civiles
Uno de los hallazgos centrales de la Sala apunta a que la violencia no respondió únicamente a enfrentamientos entre grupos armados, sino que también fue utilizada para imponer autoridad sobre la población. En zonas con limitada presencia institucional, las estructuras guerrilleras establecieron reglas de comportamiento, señalaron a personas consideradas cercanas a sus adversarios y aplicaron castigos contra quienes no se sometían a sus disposiciones.
Ese modelo de control tuvo consecuencias sobre comunidades religiosas, profesores, campesinos y organizaciones que ejercían labores de representación local, entre ellas las Juntas de Acción Comunal, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC).
Entre los episodios documentados se encuentra la masacre de la finca La Duquesa, ocurrida en 2004 en Tibú, Norte de Santander. De acuerdo con la investigación, integrantes del Frente 33 asesinaron allí a 34 campesinos, incluidos dos menores de 15 y 17 años, en uno de los ataques con mayor número de víctimas mortales identificados dentro de este patrón.
La Sala también estableció que la violencia sexual fue utilizada como mecanismo para intimidar, disciplinar y castigar a integrantes de la población civil, lo que evidencia que estas agresiones hicieron parte de las dinámicas de control territorial.
Ataques durante las hostilidades y una deuda con las víctimas
El segundo patrón identificado corresponde a los crímenes cometidos durante las operaciones militares de la antigua guerrilla. En ese contexto, la JEP documentó el uso de armamento con efectos indiscriminados en incursiones y ataques contra poblaciones, con consecuencias que trascendieron los objetivos militares y afectaron directamente a los habitantes.
Un caso representativo ocurrió en Chalán, Sucre, en 1996, cuando el Frente 35 utilizó un burro cargado con aproximadamente 50 kilogramos de explosivos durante una incursión. La detonación destruyó parte del casco urbano, causó la muerte de 11 policías y provocó el desplazamiento de sus habitantes, hasta dejar la localidad prácticamente abandonada, razón por la que llegó a ser conocida como ‘el pueblo candado’.
La dimensión del expediente también se refleja en las 733 víctimas acreditadas ante la JEP, entre ellas campesinos, docentes, líderes sociales, integrantes de comunidades religiosas, autoridades indígenas y afrodescendientes, además de miembros de la Fuerza Pública.
La jurisdicción advirtió que estos hechos permanecieron durante años sin una respuesta judicial efectiva. Sus registros indican que más del 95 % de los procesos relacionados con estos crímenes no llegaron a juicio y que más del 72 % continuaban en indagación preliminar, mientras que en el Caribe y el Magdalena Medio los casos de desplazamiento forzado y desaparición registraron niveles de impunidad del 100 %.
Con esta imputación, la JEP busca establecer responsabilidades individuales y avanzar en el reconocimiento de los daños ocasionados a las comunidades. La decisión representa una nueva etapa dentro del proceso de justicia transicional, aunque la atribución de responsabilidad no equivale por sí misma a una sentencia condenatoria.
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