Confidenciales 360.
En Colombia, sin saber la razón, se ha vuelto real que existe un doble rasero para medir las actuaciones, no solamente de personas que están en la ilegalidad, sino de funcionarios y figuras públicas.
Es el caso de Pilar Rueda, esposa del senador Iván Cepeda, quien es asesora de la JEP y recibe dineros por estos servicios, dineros que son públicos.
A nivel de ilegalidad no se podría hablar, pues no se estaría cometiendo ningún delito; pero en este país, donde se ha venido pregonando tanto la necesidad, no solamente de aparentar, sino de serlo, se está cuestionando mucho cómo a través de tráfico de influencias varias familias han salido beneficiadas por cuenta de recursos públicos, y es que, hay personas condenadas por tráfico de influencias.
Dice Iván Cepeda que el Gobierno le pidió a la esposa de él que estuviera en la JEP y que por eso ella aceptó. Sin embargo, no se entiende cómo el Gobierno le ofrece un cargo a la esposa de un senador a sabiendas que el senador está involucrado directamente con la aprobación o rechazo de proyectos relacionados con el posconflicto.
Si esto hubiera sucedido con políticos de derecha, seguramente ya estuvieran incluso capturados, por lo que ha llamado la atención cómo algunas personas pueden tener familiares en el Estado contratados y no les pase nada siendo ellos congresistas, mientras otros, hasta por sobrinos o familiares lejanos que han estado contratados, son suspendidos por las entidades disciplinarias.