Por: Redacción 360 Radio
Tanto la valorización como el predial son contribuciones que aportan al desarrollo del territorio nacional y por eso es importante que los ciudadanos correspondan a esa obligación; sin embargo, es imperante revisar la norma taxativa que se establece en esta situación y más específicamente en el caso de Rionegro, Antioquia, donde los habitantes se han quejado por un cobro exagerado de los mismos.
La administración municipal considera que los inmuebles ubicados en suelo de expansión urbana son con uso de suelo urbano, no obstante, según la norma que regula esta materia, en el artículo 2.2.4.1.7.2, el decreto 1077 de 2015 indica que los inmuebles ubicados en suelos de expansión urbana solo se entenderán incorporados al perímetro urbano cuando acrediten la calidad de áreas urbanizadas y la incorporación al suelo urbano por recibo expreso de la obra por parte del municipio.
Tal y como explica la misma norma, las áreas urbanizadas son los predios que, de conformidad con la norma urbanística, hayan culminado la ejecución de las obras incluyendo las obligaciones interpuestas por la autoridad competente.
Precisamente esa es la insatisfacción de muchos propietarios de inmuebles ubicados en la jurisdicción del municipio de Rionegro. Los ciudadanos entienden la importancia de esas obligaciones y el pago de las contribuciones, pero el cobro excesivo sustentado en una tarifa que no corresponde al inmueble y que aparte no tiene fundamento en la ley regulatoria, es lo que genera rechazo en las personas.
La administración municipal ha indicado que los dineros recaudados tanto por valorización como por predial, serán destinados exclusivamente a las obras que, a criterio de la administración, sean necesarias para el municipio.
El propósito de esta medida por parte de la administración es generar equidad para sus habitantes, pero se debe considerar que los cobros también deben ser equitativos para los propietarios y con sustento en la norma.
Si bien el municipio está buscando el desarrollo de obras públicas, también debe generar seguridad jurídica para los privados que han visto cómo sus obligaciones tributarias se han incrementado considerablemente, llegando a un panorama superior a los límites establecidos por la ley a nivel nacional.
