La Asociación Colombiana de la Minería (ACM) expresó el nuevo reto que tiene el sector minero colombiano con la emisión del Decreto 044 por parte del Ministerio de Ambiente, el cual ha despertado profundas inquietudes en las comunidades, autoridades locales y empresas mineras.
Este decreto establece la posibilidad de declarar áreas de reserva temporal en todo el territorio nacional, excluyendo estos terrenos de la actividad minera y generando un fuerte debate sobre los efectos económicos, sociales y ambientales.
El anuncio reciente del Ministerio ha generado preocupación, en especial por el caso de Santurbán, donde se pretende definir una extensa zona de reserva. Este proceso ha sido criticado por varios actores, quienes alegan que no ha concluido el proceso de participación ciudadana y concertación que exige la Corte Constitucional, el cual, según lo establecido, debe garantizar la coordinación y el diálogo efectivo con las comunidades locales.
El Decreto 044 y su Impacto en la Minería Colombiana
Amplios poderes para el Ministerio de Ambiente: Una de las principales críticas al Decreto 044 es la facultad amplia que otorga al Ministerio de Ambiente para excluir áreas del territorio nacional de cualquier actividad minera, sin la obligación de respaldar la decisión con estudios técnicos, sociales o ambientales rigurosos. Esta medida genera una gran incertidumbre en el sector, ya que podría paralizar proyectos mineros por plazos indefinidos, afectando tanto a las iniciativas en curso como a las futuras.
El impacto económico de esta decisión podría ser devastador, no solo para las grandes empresas mineras, sino también para las comunidades locales. Se estima que en Santander, más de 30.000 personas dependen directa o indirectamente de la minería. Además, la zona de reserva propuesta abarca alrededor de 78.000 hectáreas, lo que equivale a dos veces el área urbana de Bogotá, lo que dejaría sin sustento a miles de familias en varios municipios.
Incertidumbre económica para la industria minera: El contexto económico actual ya es preocupante para la industria minera. Según cifras del Banco de la República y el DANE, la inversión extranjera directa (IED) en los sectores de hidrocarburos y minería ha caído un 28% en lo que va del año, lo que representa la mayor caída desde la pandemia. La menor inversión ha tenido un impacto negativo en la producción minera, que ha sido el sector más afectado en la economía nacional durante el primer semestre de 2024.
Además, las exportaciones mineras también han sufrido un descenso. Entre los principales productos afectados se encuentra el carbón térmico, cuyas ventas externas han disminuido en 1.451 millones de dólares, y el ferroníquel, con una reducción de 139 millones de dólares en comparación con el año anterior. Por otro lado, el oro ha experimentado un ligero aumento en sus exportaciones, con un incremento de 194 millones de dólares, lo que no es suficiente para compensar las pérdidas en otros productos minerales.
Impacto en Antioquia y otros departamentos: El decreto podría tener efectos significativos en departamentos como Antioquia, que actualmente produce el 70% del oro del país. La minería representa el 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) de Antioquia y el 64% de sus exportaciones. Sin embargo, con la implementación de esta medida, se teme que el potencial de nuevos proyectos mineros en la región se vea afectado, poniendo en riesgo inversiones por más de 6 billones de pesos y la generación de aproximadamente 2.000 nuevos empleos.
El impacto de estas decisiones no solo se limita a Antioquia, sino que también afecta a otros cinco departamentos donde la minería juega un papel crucial en la economía local. La falta de concertación con las comunidades y la exclusión de las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) en la toma de decisiones han generado un clima de descontento, que podría traducirse en una mayor oposición social a las políticas ambientales del gobierno.
Consecuencias para el territorio: El Ministerio de Ambiente ha defendido el Decreto 044 como una medida necesaria para proteger los ecosistemas estratégicos del país, pero los críticos argumentan que, sin estudios adecuados ni la participación de las comunidades, las decisiones pueden resultar contraproducentes. En el caso de Santurbán, las áreas de reserva propuestas afectarían una región donde la minería ha sido una fuente de empleo y desarrollo durante décadas. La falta de concertación y la ausencia de estudios sólidos generan una sensación de incertidumbre en las poblaciones locales, que temen perder sus medios de vida.
El futuro de la industria minera en Colombia está en juego, y mientras el gobierno y las empresas buscan un equilibrio entre la conservación ambiental y el desarrollo económico, el tiempo corre. Los próximos meses serán clave para definir si la implementación del Decreto 044 se ajusta a los principios de equidad y sostenibilidad que promulga el gobierno, o si, por el contrario, profundiza las tensiones en uno de los sectores más importantes para la economía del país.