En un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que sacude al Congreso colombiano, el magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ordenó en las últimas horas una inspección en una oficina del Ministerio de Hacienda.
La Corte Suprema acelera investigaciones sobre presunta compra de votos en el Ministerio de Hacienda
La diligencia hace parte de la investigación que busca esclarecer si congresistas de la Comisión de Crédito Público habrían vendido sus votos a cambio de contratos, en un esquema que también salpica a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esta acción judicial tiene como objetivo recabar pruebas que permitan determinar si existieron acuerdos indebidos entre los legisladores investigados y funcionarios del Ministerio de Hacienda. Entre los lugares inspeccionados se encuentran la oficina y la residencia de Andrea Ramírez, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
El pasado 6 de diciembre, Andrea Ramírez rindió testimonio ante el magistrado Rodríguez y fue contrainterrogada por los abogados de los congresistas involucrados, incluido Wadith Manzur.
Tras las inspecciones judiciales, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado oficial en el que destacó su disposición para colaborar con las investigaciones. En el documento, la entidad aseguró que pondrá a disposición de la justicia toda la información requerida para esclarecer los hechos y ratificó su compromiso con la transparencia y la legalidad.
Este escándalo, que ha involucrado a diversas instituciones y figuras públicas, sigue generando repercusiones políticas y judiciales. La Corte Suprema avanza en el análisis de las pruebas recolectadas durante las inspecciones, mientras que los congresistas involucrados enfrentan un panorama jurídico incierto.
El caso de la Comisión de Crédito Público y el presunto esquema de compra de votos no solo plantea interrogantes sobre la integridad de las instituciones públicas, sino que también abre un debate nacional sobre la necesidad de reformas que fortalezcan los mecanismos de control y transparencia en la administración pública.
Con las investigaciones en curso, la expectativa crece en torno a los resultados que pueda arrojar esta nueva fase de diligencias. El país estará atento a las decisiones de la Corte Suprema, que podrían marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en Colombia.
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