En una contundente declaración pública, el alcalde de Medellín anunció que ha tomado la decisión de realizar una demanda al Gobierno Nacional a través del Tribunal Administrativo de Antioquia, tras lo que calificó como una “estrategia de asfixia financiera” al sistema de salud colombiano.
Panorama general: La acción legal, presentada como una acción popular, busca proteger el derecho colectivo a la salud de millones de ciudadanos, en medio de una creciente preocupación por la intervención estatal a distintas EPS sin un respaldo presupuestal adecuado hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
“Hoy, como alcalde de Medellín y responsable de garantizar el acceso a la salud, he tomado la decisión de demandar al Gobierno Nacional”, expresó el mandatario local, advirtiendo que lo que está en juego no es un simple modelo de atención, sino la vida misma de millones de colombianos.
Por qué es importante: Según lo expuesto por el alcalde, algunos hospitales en Medellín y en otros territorios del país estarían recibiendo apenas el 6 % de los recursos que el Estado les adeuda mensualmente, una situación que ha puesto en jaque la operación de clínicas y centros de salud, que no cuentan con liquidez suficiente para pagar nóminas, adquirir insumos médicos o mantener la atención de pacientes críticos.
El mandatario fue enfático en señalar que esta situación no es fruto del desorden ni de la improvisación, sino una decisión política deliberada:
“Esa asfixia no es una casualidad: es una estrategia. Si su plan era hacer una reforma destruyendo el sistema, lo están logrando. Y por eso los hago directamente responsables”, denunció.
La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano o autoridad defender los derechos e intereses colectivos, tales como la salud pública. En este caso, la Alcaldía de Medellín la utiliza como una vía jurídica para exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de financiamiento del sistema de salud.
La demanda exige que el Gobierno Nacional adopte medidas urgentes y efectivas para garantizar el flujo de recursos a las IPS y evite el colapso del sistema, especialmente en ciudades donde la red hospitalaria ya está al límite.
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El alcalde apuntó directamente al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, instituciones que han liderado procesos de intervención a EPS como Sanitas, Nueva EPS, y Compensar. Según la denuncia, estas intervenciones han tenido como consecuencia una desarticulación administrativa y financiera que ha repercutido en las IPS, sin ofrecer soluciones ni garantizar la continuidad de los recursos.
El mandatario de la capital antioqueña subrayó que su decisión obedece a la defensa de los derechos fundamentales y no responde a cálculos políticos. Afirmó que no permitirá que «otros jueguen con la salud de la gente mientras él guarda silencio».
El alcalde cerró su pronunciamiento con un llamado a la ciudadanía y a otros gobernantes locales del país a no guardar silencio ante lo que considera una política de abandono sistemático del derecho a la salud:
“Yo estoy del lado de la gente. Y no me voy a quedar callado mientras otros juegan con su salud. Demandamos, porque lo que está en juego no es un modelo. Es la vida”.
La acción legal podría abrir un nuevo capítulo en el debate nacional sobre la reforma a la salud impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y pondrá en la mira la relación entre el Ejecutivo y los entes territoriales en la administración de este derecho fundamental.
Hoy, como alcalde de Medellín y responsable de garantizar el acceso a la salud, he tomado la decision de demandar al Gobierno Nacional‼️.
A través del Tribunal Administrativo de Antioquia interpondré una acción popular, porque está en riesgo la vida y la salud de millones de… pic.twitter.com/BqU1GyckRI
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 29, 2025
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