El campo colombiano vuelve a estar en el centro de la agenda nacional. En menos de sesenta días, la administración del presidente De la Espriella se apresta a firmar el próximo lunes 28 de septiembre su segundo decreto de emergencia económica. Esta vez, el detonante es la urgencia por contener los estragos del fenómeno de El Niño, una contingencia que, según el Ejecutivo, heredó sin un plan de acción previo por parte del gobierno saliente.
Durante un álgido debate de control político en la Comisión V del Senado, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, detalló los alcances de la medida. Lejos de ser una decisión meramente protocolaria, el jefe de la cartera agropecuaria explicó que la declaratoria es la llave jurídica que exige la Superintendencia Financiera para que la banca privada active un salvavidas financiero.
Panorama general: El núcleo de la medida radica en permitir que el sector financiero congele por un lapso de tres a cuatro meses las deudas de los productores damnificados por la sequía y los cambios climáticos extremos, una estrategia que recuerda a los alivios masivos aplicados durante la emergencia sanitaria del covid-19.
Además de frenar temporalmente las cuotas, el esquema gubernamental busca blindar a los agricultores y ganaderos para que el incumplimiento coyuntural no derive en un reporte negativo ante las centrales de riesgo, protegiendo así su historial crediticio mientras supera el temporal climático. Con esta nueva firma, el país sumará 17 declaratorias de emergencia económica, y un total de 26 estados de excepción, desde la promulgación de la Constitución de 1991.
Gobierno decreta emergencia económica: Nuevos alivios financieros para productores afectados por El Niño
Más allá de la coyuntura del clima, la intervención del ministro sirvió para poner sobre la mesa una radiografía preocupante del sector rural. Dangond alertó que Colombia mantiene una brecha histórica en el aprovechamiento de su suelo: de las 39 millones de hectáreas con potencial agrícola con las que cuenta el país, apenas se cultivan 5,5 millones, lo que se traduce en un desalentador 14% de uso efectivo.
El funcionario también lanzó dardos contra la gestión de los últimos cuatro años al contraponer el crecimiento de los cultivos de uso ilícito de coca frente a la contracción sufrida por los pequeños productores de alimentos de la canasta básica. En el sector ganadero, apuntó a la ausencia histórica de políticas orientadas al repoblamiento bovino, aunque rescató los esfuerzos actuales para abrir y reactivar vitrinas comerciales internacionales en mercados tan exigentes como Estados Unidos, China, Japón e Israel.
Por qué es importante: El balance del ministro incluyó duras críticas al manejo presupuestal heredado en las entidades del sector. Dangond denunció que, pese a los recortes de recursos que sufrieron varias dependencias, existían gastos superfluos, como una planta paralela de 25 asesores en el Ministerio con honorarios de 12 millones de pesos mensuales cada uno.
En materia de contratación, el titular de la cartera destacó dos polémicos hallazgos: frenó a tiempo un desembolso por 292.000 millones de pesos en un contrato cuestionado y expuso el caso de las represas de Ranchería. Sobre esta última infraestructura, reprochó que durante cuatro años se destinaron recursos millonarios al pago de arriendos sin que la obra lograra ponerse al servicio de la producción regional.
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