Tres niños arreglan una bicicleta frente a una tienda en Santa Marta. Es una tarde cualquiera. De pronto llegan hombres armados, uno de ellos saca una pistola, dispara contra el negocio y grita, para que quede grabado: «para que empiecen a creer». Los niños corren aterrados. Esa escena, que hoy recorre el país, resume lo que son Los Pachenca y lo que pretenden: gobernar por el miedo.
Esa imagen es infame y desgarradora
Y explica, mejor que cualquier discurso, porqué desde 360 Colombia respaldamos sin ambigüedades al presidente Abelardo de la Espriella en las operaciones que se adelantan en Santa Marta, en el Magdalena y en La Guajira.
Los hechos son claros. El lunes, la Fuerza Pública dio un golpe histórico a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: cayó alias Cholo, su segundo cabecilla, y se incautaron diez fusiles, entre ellos un Barrett calibre .50, además de lanzagranadas y material de guerra. La respuesta de la banda fue la de siempre: vengarse con los inocentes. Buses y taxis quemados, comercios baleados, la Troncal del Caribe bloqueada y un paro armado para arrodillar a una ciudad entera.
El Gobierno no se arrodilló
El presidente viajó a Santa Marta, ordenó militarizarla con más de quinientos soldados y seiscientos policías, instaló un puesto de mando, recorrió los barrios que la banda cree suyos y ordenó trasladar a 76 detenidos vinculados a esa estructura a cárceles de máxima seguridad, para que dejen de dar órdenes desde las celdas. Ya hay nueve capturados. Eso se llama ejercer la autoridad.
Pero sería deshonesto decir que la tarea es fácil. Santa Marta no es el único frente. En el Catatumbo, el ELN mantiene su guerra contra el Estado. El 4 de septiembre atacó con drones cargados de explosivos el cantón militar de Ocaña y asesinó al capitán Marco David Pirajón y a los soldados Joel Alberto Jiménez y Jhon Carlos Marrugo. Los combates en esa región no dan tregua.
Y todo esto se enfrenta con una Fuerza Pública que se recibió en condiciones precarias. El informe de empalme lo dejó por escrito: de 620 aeronaves de las Fuerzas Militares y la Policía, 310 no estaban en condiciones de volar. De los 19 helicópteros MI-17, apenas ocho operaban. La Fuerza Aeroespacial arrastraba un faltante de 1,7 billones de pesos solo en gastos de personal. Eso no es una cifra técnica. Es un soldado que espera un helicóptero que no llega. Es una patrulla sin drones, sin inteligencia, sin comunicaciones.
Colombia necesita más hombres, más helicópteros, más aviones, más tecnología y más dispositivos móviles para sus tropas. Necesita recuperar en meses la capacidad que se dejó erosionar en años. El Congreso, que por estos días discute el presupuesto de 2027, tiene que entenderlo: recortar en seguridad hoy sería condenar a la gente a pagar la factura con su vida mañana.
Ahora, lo que algunos consideran polémico: el presidente recorrió Santa Marta con una pistola al cinto. Nosotros también lo respaldamos en eso.
De la Espriella no es un improvisado con las armas. Él mismo ha contado que las porta legalmente desde los veinte años, que sabe manejarlas y que jamás ha encañonado a nadie. Ha defendido durante toda su vida pública el porte responsable, con idoneidad física y mental. Y como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse. Más aún cuando camina, de noche, por el barrio que la propia banda usa como centro de operaciones.
No entendemos por qué a algunos les aterra que el presidente pueda defenderse, mientras guardan silencio frente a los bandidos que recorren las calles armados, azotando al comercio y a gente que no tiene cómo protegerse. El escándalo no es la pistola de un presidente que respeta la ley. El escándalo es el fusil de un criminal que la desprecia. Quien se indigna más por lo primero que por lo segundo tiene un serio problema de prioridades morales.
Hay una lección que la historia de la guerra, y de la vida misma, enseña con dureza: muchas veces, para que las cosas mejoren, primero tienen que empeorar. Cuando el Estado deja de negociar con el crimen y empieza a combatirlo, el crimen reacciona con furia. Los paros armados, los ataques con drones y los videos de intimidación no son señales de fortaleza de los bandidos. Son el pataleo de quien siente que se le acaba la impunidad.
Mientras se recupera el orden en buena parte del país, los colombianos tendremos que atravesar momentos muy difíciles en materia de seguridad. Lo importante es que la gente vuelva a confiar en sus instituciones. Que el tendero sepa que, si abre su negocio, habrá un policía en la esquina. Que el taxista sepa que el Estado está de su lado. Que los niños de esa bicicleta crezcan sabiendo que quienes les dispararon terminaron capturados o vencidos, y no negociando beneficios en una mesa.
Por eso seguimos respaldando los operativos, y esperamos que la Fuerza Pública, con todo el peso de la ley, neutralice al mayor número posible de criminales que empuñan las armas contra el Estado y contra la gente. Quien quiera someterse a la justicia, que se someta. Quien elija el fusil ya decidió su destino.
En Colombia se ha demostrado con suficiencia que los bandidos son bandidos. No son actores políticos ni gestores de paz, ni víctimas del sistema. Y la protección del Estado se le debe, ante todo, a la población civil y trabajadora, la que siempre ha vivido dentro de la ley, madruga, paga impuestos y levanta el país aunque le quemen el carro o le baleen la tienda.
Con ellos estamos. Con la Fuerza Pública que se juega la vida. Y con un presidente que, en lugar de gobernar desde un escritorio, decidió ir a poner la cara donde está el peligro.
Lea también: De La Espriella gana tutela que le prohibía mostrarse frente a fallecidos en combate