En una sesión extraordinaria celebrada en Washington, los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deliberó sobre un decreto que exige al régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, celebrar elecciones presidenciales, además de la liberación de presos políticos.
La decisión se toma en medio del anuncio de Ortega sobre no celebrar más comicios en el país centroamericano. Por lo cual, con votación unánime, los Estados miembro de la OEA aprobaron la resolución que busca el retorno a la democracia en Nicaragua y el retorno de la nacionalidad a personas que fueron despojadas de la misma.
Sin embargo, la resolución no toma una postura beligerante con Nicaragua, sino más bien un aspecto negociador con el gobierno de Ortega, por lo cual, se dispuso de un equipo para intentar tener un diálogo con el régimen.
Por lo cual, el decreto no incluye sanciones fuertes en contra del gobierno sandinista de Daniel Ortega. Cabe resaltar que la resolución fue expedida en medio de una asamblea extraordinaria de la cual solo siete de 32 países enviaron a su figura de canciller: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití, el resto de naciones envió una delegación de menor rango para la reunión.
Adicionalmente, la OEA tampoco puede tomar acciones de algún tipo en contra de algún gobierno de América, ya que la entidad no es un tribunal internacional. Por lo cual, no se pueden tomar sanciones de peso en contra del régimen de Nicaragua.

La resolución de la OEA es impulsada por los Estados Unidos
Detrás de la medida, hay una serie de países que tienen un interés mayor en la celebración de elecciones presidenciales en Nicaragua. Naciones como los Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana buscan las condiciones para «la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas».
En contraposición, hubo un país que votó en contra de llevar a cabo la reunión en Washington: Brasil, nación en contra de convocar alguna medida en contra de Nicaragua y que catalogue a dicho país como «una posible amenaza a la paz y a la seguridad regionales».
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