La negociación del salario mínimo 2027 comienza a perfilar uno de los debates económicos más importantes del cierre de año en Colombia. La discusión no se limita al porcentaje que aumentará el ingreso de los trabajadores que reciben esta remuneración: también involucra la capacidad de las empresas para asumir mayores costos, la recuperación del poder adquisitivo de los hogares, las obligaciones pensionales del Estado y las condiciones para generar empleo formal.
El punto de partida es el incremento del 23% decretado para 2026, que dejó el salario mínimo mensual legal vigente en $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Con este último, fijado en $249.095, el ingreso mensual de los trabajadores que tienen derecho a recibirlo llegó a $2.000.000.
Para la negociación de 2027, los gremios empresariales han planteado un aumento de entre 8% y 9,5%, mientras que las organizaciones sindicales han manifestado una aspiración del 38,5%. La distancia entre ambas posiciones anticipa una negociación compleja, en la que el Gobierno tendrá un papel determinante para acercar las propuestas y buscar un acuerdo.
En medio de esta discusión, 360 Radio habló con Audrey Rodríguez, contadora pública, y Christian Quiñónez, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para analizar los posibles efectos de la decisión. Aunque sus perspectivas se concentran en aspectos diferentes, ambos advierten que el porcentaje elegido tendrá consecuencias que van más allá del ingreso mensual de los trabajadores.
¿Cuánto podría subir el salario mínimo en 2027?
Uno de los elementos centrales de la negociación será la inflación, junto con la productividad laboral y las condiciones generales de la economía. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que la inflación anual llegó al 6,29% en septiembre de 2026, mientras que la variación acumulada durante los primeros nueve meses del año fue del 5,74%.
Estas cifras sirven como referencia para analizar el aumento, pero no determinan por sí solas el porcentaje definitivo. También será necesario conocer el dato de productividad que se incorpore a la negociación y evaluar el comportamiento de los precios al cierre del año.
Audrey Rodríguez considera que el rango preliminar planteado por los gremios empresariales, entre 8% y 9,5%, puede entenderse como un punto de partida técnicamente razonable. Su análisis tiene en cuenta una inflación que, según sus estimaciones, podría cerrar el año cerca del 7%, además del componente de productividad.
Desde su perspectiva, un aumento cercano al 8% sería más manejable para las empresas, mientras que uno del 9,5% representaría una mayor exigencia financiera, especialmente para los negocios con menor capacidad de pago.
La contadora plantea que el incremento no debería superar el 10%. Ese porcentaje corresponde a su criterio profesional sobre el margen que podría soportar la economía empresarial, no a una cifra acordada por la mesa tripartita ni a una proyección oficial.
Por su parte, Christian Quiñónez considera que el análisis no puede limitarse al porcentaje de aumento. A su juicio, Colombia necesita una regla previsible que tenga en cuenta la inflación, la productividad y la capacidad de la economía para generar ingresos. El problema, sostiene, aparece cuando las decisiones salariales se apartan considerablemente de esos referentes y elevan de manera abrupta los costos para contratar trabajadores formalmente.
Cinco escenarios para el salario mínimo de 2027
Para dimensionar lo que está en juego, se pueden calcular cinco escenarios a partir del salario mínimo vigente en 2026. Las siguientes cifras son ejercicios matemáticos, no decisiones oficiales. Además, los valores del auxilio de transporte se proyectan suponiendo que aumentaría en el mismo porcentaje que el salario básico, algo que todavía no está definido para 2027.
En el escenario de que el salario mínimo aumente un 8%, el ingreso mensual total, incluido el auxilio proyectado, sería de $2.160.000. Esto representaría $160.000 adicionales frente a los $2.000.000 de 2026. Con un incremento del 9,5%, el total llegaría a $2.190.000, es decir, $190.000 más al mes. Si el aumento fuera del 10%, alcanzaría $2.200.000, mientras que un escenario del 15% llevaría el ingreso total proyectado a $2.300.000.
Sin embargo, el incremento bruto no equivale al dinero adicional que necesariamente recibirá el trabajador. Al salario básico se le aplican los descuentos correspondientes a salud y pensión. Por ello, el efecto real sobre el ingreso disponible depende de la base salarial y de las deducciones aplicables, mientras que el auxilio de transporte tiene un tratamiento distinto.
El poder adquisitivo: ¿cuánto ganaría realmente el trabajador que gana el mínimo?
El aumento del salario mínimo debe evaluarse frente a la evolución de los precios. Un incremento nominal más alto no garantiza, por sí mismo, una mejora equivalente en el poder adquisitivo: todo depende de cuánto suba el costo de vida.
Para ilustrarlo, si el salario aumentara un 8% y la inflación de 2027 terminara en 5,5%, la ganancia real del poder adquisitivo sería de aproximadamente 2,37%. Si los precios aumentaran un 7%, la mejora real se reduciría a cerca del 0,93 %.
En cambio, con un incremento salarial del 9,5% y una inflación del 5,5%, la ganancia real sería de alrededor del 3,79%. Si la inflación llegara al 7%, esa mejora sería del 2,34%.
Estos resultados corresponden a cálculos de poder adquisitivo realizados con distintos supuestos de inflación. No constituyen pronósticos definitivos para 2027. La inflación efectiva dependerá, entre otros factores, de la evolución de los alimentos, los servicios, los costos de producción y las condiciones monetarias.
Para Rodríguez, este punto es fundamental: el trabajador necesita recuperar capacidad de compra, pero el aumento también debe considerar los efectos que puede producir sobre los precios y la actividad económica.
Los costos laborales, una de las principales preocupaciones empresariales
Uno de los argumentos centrales de Audrey Rodríguez es que el costo de contratar a una persona no se limita al salario básico. Las empresas también deben cubrir los aportes a salud, pensión y riesgos laborales, así como las prestaciones sociales y los demás conceptos que correspondan según la legislación y las características del empleador.
Entre esas obligaciones se encuentran la prima de servicios, las cesantías, los intereses a las cesantías y las vacaciones. También pueden existir aportes parafiscales, dependiendo de la situación de la empresa y de las exoneraciones legales aplicables.
Por esa razón, un incremento salarial de determinado porcentaje puede traducirse en un aumento superior en el costo total de mantener un trabajador formal. El impacto final depende de los conceptos que deba asumir cada empleador y no puede calcularse aplicando una única tasa a todas las empresas.
Rodríguez advierte que las micro, pequeñas y medianas empresas son especialmente sensibles a estos cambios porque suelen tener menos liquidez y menores márgenes financieros que las compañías de mayor tamaño.
En su análisis, un aumento del 8% podría resultar manejable para una parte importante de los empleadores, aunque un incremento del 9,5% dejaría a algunos negocios con menos margen de maniobra. Si el aumento superara el 10%, considera que crecería el riesgo de que determinadas empresas frenaran nuevas contrataciones, redujeran sus plantas de personal o recurrieran a modalidades de contratación informal.
La contadora no plantea que esos efectos sean automáticos en todas las empresas, sino que advierte sobre el riesgo que supone elevar los costos laborales por encima de la capacidad financiera de algunos sectores.
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Informalidad: el riesgo de encarecer el ingreso al empleo formal
El debate también tiene implicaciones para quienes todavía no cuentan con un empleo formal. En Colombia, una parte importante de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad, por lo que el incremento del salario mínimo debe analizarse junto con la capacidad de las empresas para contratar y sostener puestos de trabajo con todas las obligaciones legales.
Audrey Rodríguez sostiene que un salario mínimo elevado frente a la productividad de ciertos trabajadores puede convertirse en una barrera de entrada al empleo formal. Esto puede afectar especialmente a quienes están comenzando su vida laboral o tienen poca experiencia, así como a negocios pequeños que no cuentan con recursos suficientes para asumir el costo total de una contratación.
Desde esta perspectiva, un aumento que mejora el ingreso de quienes conservan un empleo formal puede, al mismo tiempo, dificultar la contratación de otras personas si las empresas no logran absorber los nuevos costos.
El exdirector de la Dian coincide en que el problema debe analizarse desde la productividad y la capacidad de generación de empleo. También advierte que los aumentos en los costos de contratación pueden afectar a los trabajadores independientes que deben cotizar al sistema de seguridad social sobre bases vinculadas a sus ingresos.
Cuando las obligaciones aumentan sin que exista una mejora equivalente en la productividad o en la capacidad de pago, sostiene, pueden aparecer incentivos para permanecer en la informalidad o evitar la formalización.
El efecto sobre las pensiones y el presupuesto nacional
Uno de los puntos más relevantes del análisis de Quiñónez es el efecto que tiene el salario mínimo sobre las obligaciones pensionales del Estado.
El exdirector de la DIAN explica que el impacto opera en dos direcciones. Por un lado, un aumento del salario mínimo eleva el valor de las cotizaciones de los trabajadores que contribuyen al sistema sobre esa base. Por otro, incrementa el valor de las pensiones mínimas, lo que puede aumentar las necesidades de financiación pública.
Quiñónez señala que alrededor del 60,8% de los pensionados recibe una mesada equivalente al salario mínimo, según la cifra que cita en su análisis. Esto significa que las decisiones sobre el aumento salarial tienen una incidencia directa sobre un grupo numeroso de beneficiarios del sistema pensional.
El exfuncionario menciona una estimación de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), según la cual el incremento del salario mínimo de 2026 habría generado una presión fiscal cercana a los $3,2 billones para el sistema. Esta cifra debe entenderse como una estimación atribuida a esa entidad, no como un cálculo elaborado por Quiñónez.
Para 2027, el exdirector de la DIAN calcula que un incremento de entre 8% y 9,5% podría representar entre $2,1 billones y $2,5 billones adicionales de presión anual por el efecto sobre las pensiones mínimas. Se trata de su estimación y no de una proyección oficial del Gobierno.
Quiñónez advierte que, si las obligaciones aumentan y los recursos disponibles no son suficientes, el faltante debe financiarse con recursos públicos, lo que puede incrementar las necesidades de endeudamiento o reducir el margen presupuestal para otras prioridades.
No obstante, el efecto fiscal total no depende exclusivamente del salario mínimo: también intervienen los ingresos por cotizaciones, las condiciones del sistema pensional y las decisiones presupuestales. Por eso, las cifras de presión fiscal deben leerse dentro de ese contexto.
Rodríguez también llama la atención sobre este frente. A su juicio, un aumento de un solo dígito ofrece mayor previsibilidad para planear las obligaciones públicas, mientras que un incremento de dos dígitos podría añadir presiones sobre las cuentas fiscales. Si el Estado debe destinar más recursos a determinadas obligaciones, advierte, puede reducirse el espacio para otros gastos o aumentar la necesidad de financiación.
Inflación y tasas de interés: el aumento no termina en la nómina
Otro de los riesgos señalados por la contadora es que el incremento salarial se traslade parcialmente a los precios de bienes y servicios. Esto puede ocurrir cuando las empresas, ante el aumento de sus costos laborales, ajustan sus tarifas para conservar sus márgenes.
El efecto no sería igual en todos los sectores. Dependerá de la proporción que representa la mano de obra dentro de los costos, de la competencia, de la demanda y de la capacidad de las empresas para absorber el incremento sin trasladarlo a los consumidores.
La especialista advierte que, si los aumentos de costos contribuyen a mantener presiones inflacionarias, el Banco de la República podría tener menos espacio para reducir sus tasas de interés o tendría que mantenerlas elevadas durante más tiempo.
Esto tendría consecuencias para los hogares y las empresas: el crédito podría continuar siendo costoso, las decisiones de inversión podrían aplazarse y el consumo podría perder impulso. La meta de inflación del Banco de la República es del 3%, por lo que la convergencia hacia ese objetivo sigue siendo un elemento importante del panorama económico.
No obstante, un aumento del salario mínimo no determina por sí solo la inflación ni las decisiones de política monetaria. La autoridad monetaria evalúa el conjunto de la economía, las expectativas de precios y los riesgos que puedan afectar la estabilidad de la inflación.
Rodríguez también señala que el aumento de los ingresos puede verse parcialmente contrarrestado por el encarecimiento de algunos bienes y servicios. Entre los rubros que menciona están la alimentación preparada, los servicios personales, el transporte y ciertos gastos de salud.
En el caso de los arrendamientos de vivienda urbana, es importante hacer una precisión: el reajuste anual está sujeto al límite legal relacionado con la inflación del año anterior, no a un aumento automático equivalente al porcentaje que se decrete para el salario mínimo. Por eso, no sería correcto afirmar que todos los arriendos subirán en la misma proporción que el salario.
Competitividad e inversión: el costo de la incertidumbre
Quiñónez pone el foco en la relación entre el salario mínimo, la productividad y la capacidad de Colombia para atraer inversión. En su concepto, las empresas pueden incorporar costos laborales altos en sus modelos de negocio cuando conocen las reglas y pueden anticipar su evolución. La dificultad aparece cuando los cambios son abruptos o cuando las condiciones regulatorias resultan difíciles de prever.
El exdirector de la DIAN considera que el incremento del 23% aplicado en 2026 debe analizarse junto con otros cambios que afectan el costo de contratar, entre ellos las modificaciones en las condiciones laborales y los recargos. A su juicio, la combinación de mayores costos y menor previsibilidad puede dificultar la planeación empresarial.
Quiñónez sostiene que Colombia necesita mejorar su productividad para respaldar incrementos salariales sostenibles. De lo contrario, el país podría enfrentar costos laborales comparables con los de economías de mayores ingresos sin contar con niveles equivalentes de productividad o ingreso por habitante.
En su análisis también destaca que la inversión extranjera no responde únicamente al salario mínimo. Las decisiones empresariales consideran la estabilidad tributaria, la seguridad jurídica, la infraestructura, la demanda, el acceso a mercados y las perspectivas de crecimiento.
El exfuncionario diferencia, además, los sectores que considera menos sensibles a los costos laborales de aquellos en los que una mayor carga de contratación podría tener consecuencias más visibles sobre el empleo. En su opinión, ciertas inversiones extractivas pueden responder a factores distintos de los que determinan las decisiones en manufactura, comercio, infraestructura, servicios, agricultura y tecnología, actividades que también pueden contribuir a la generación de empleo formal.
Sobre los flujos de inversión, es necesario distinguir los indicadores utilizados. Quiñónez cita cifras de la balanza cambiaria según las cuales los ingresos de inversión extranjera directa entre enero y junio de 2026 fueron de US 4.300 millones, frente a US4.917 millones en el mismo periodo de 2025, una disminución del 12,3%.
Sin embargo, esos datos no deben confundirse con los resultados de la balanza de pagos. Las cifras publicadas por el Banco de la República para el primer semestre de 2026 muestran un aumento de los ingresos netos de la cuenta financiera frente al mismo periodo de 2025, explicado en parte por mayores ingresos netos de inversión extranjera directa.
La diferencia entre ambas mediciones es relevante: no es correcto concluir, a partir de un único indicador, que toda la inversión extranjera está cayendo o que una variación específica se debe exclusivamente al aumento del salario mínimo.
La advertencia de Quiñónez apunta, por tanto, a la necesidad de reglas previsibles para que las empresas puedan evaluar sus costos y tomar decisiones de largo plazo.
Poder adquisitivo vs. costos laborales: inicia el debate por el incremento del salario mínimo para 2027 en Colombia
Los escenarios para 2027 también incluyen el auxilio de transporte, que en 2026 quedó fijado en $249.095. Este concepto se reconoce a los trabajadores que cumplen las condiciones legales, entre ellas el límite de ingresos establecido para acceder al beneficio.
En los cálculos presentados se supone que el auxilio aumentaría en el mismo porcentaje que el salario básico. Bajo esa hipótesis, el total mensual sería de $2.160.000 con un incremento del 8% y de $2.190.000 con uno del 9,5%.
Sin embargo, estos valores son proyecciones y no cifras definitivas. El monto del auxilio de transporte para 2027 todavía debe ser establecido. También debe tenerse en cuenta que el auxilio de transporte y el de conectividad digital responden a condiciones distintas y no se acumulan entre sí: el reconocimiento aplicable depende de la situación laboral y de las reglas correspondientes.
¿Habrá acuerdo o el Gobierno fijará el aumento por decreto?
La distancia entre las propuestas de empresarios y sindicatos hace incierto el resultado de la negociación. Mientras los gremios empresariales defienden un aumento de un solo dígito, las organizaciones sindicales han expresado una aspiración del 38,5%, lo que deja una brecha considerable entre las partes.
Rodríguez considera poco probable que se alcance un consenso si las posiciones se mantienen tan alejadas. En ese escenario, señala que el Gobierno tendría que ejercer una labor de mediación que tenga en cuenta tanto la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores como la capacidad real de las empresas y las condiciones de la economía.
La contadora advierte que, si la decisión se aparta de los fundamentos económicos y de la capacidad de pago de los empleadores, podrían aumentar los riesgos sobre la contratación formal y la inversión.
Quiñónez, por su parte, insiste en que el país necesita un marco estable que permita anticipar los costos laborales y sus efectos sobre las finanzas públicas. Para él, la discusión no debería agotarse en una cifra, sino incluir una estrategia de productividad que permita que los salarios crezcan de manera sostenible.
Si no se logra un acuerdo en la mesa tripartita, el Gobierno deberá proceder conforme al mecanismo legal previsto para fijar el salario mínimo. En cualquier caso, el porcentaje definitivo será el resultado de una decisión que tendrá efectos sobre millones de trabajadores, sus hogares y el conjunto de la economía.
El reto de equilibrar el ingreso, el empleo y la estabilidad económica
La discusión del salario mínimo de 2027 enfrenta objetivos que no necesariamente son incompatibles, pero que requieren una decisión cuidadosa. Los trabajadores necesitan que sus ingresos compensen el aumento del costo de vida y les permitan mejorar su capacidad de compra. Al mismo tiempo, las empresas deben contar con condiciones para asumir los costos laborales sin comprometer su operación ni frenar la creación de puestos de trabajo.
Rodríguez plantea que un aumento entre el 8% y el 10% sería más razonable desde la perspectiva de la capacidad empresarial, aunque reconoce que el impacto depende de las condiciones particulares de cada sector. Quiñónez, en cambio, centra su advertencia en la necesidad de una regla previsible, vinculada con la productividad y acompañada de estabilidad en las condiciones para invertir y contratar.
Los dos análisis coinciden en un punto: el porcentaje final no puede evaluarse de manera aislada. Su efecto dependerá de la evolución de los precios, la capacidad de las empresas para absorber los costos, el comportamiento de la productividad, las obligaciones pensionales y la respuesta de la inversión.
Por eso, más allá de las cifras que se pongan sobre la mesa, el desafío para Colombia será encontrar un incremento que contribuya a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores sin profundizar las dificultades para generar empleo formal ni añadir presiones difíciles de sostener sobre las finanzas públicas.