Cuando el Gobierno le pide al país un esfuerzo, el país tiene derecho a preguntar qué hizo antes con lo que ya tenía. Colombia mantiene subsidios que se pagan sin saber a quién llegan, esquemas de seguridad que crecen año tras año, arriendos que sobran, salarios que nadie explica y bienes que esperan en bodegas. Esta es una lista concreta, ordenada en tres frentes: reducir costos, generar ingresos y liberar cargas.
Primero, reducir costos
1. Acabar con el subsidio a los combustibles. El fondo que mantiene artificialmente bajos los precios es la fuga más grande y menos defendible. Bancolombia estima que su déficit podría llegar a cerca de 14 billones de pesos este año si no hay ajustes, mientras el Marco Fiscal de Mediano Plazo prevé unos 6 billones. El gremio de estaciones de servicio calcula que sostener el diésel cuesta unos 9,7 billones al año, una cifra del gremio y no oficial. Las cifras difieren, pero en 2022 el déficit del fondo llegó a 36,7 billones, el 2,5 % del PIB. Un subsidio general al combustible favorece a quien más consume. Lo sensato es una senda gradual y anunciada de ajuste, con compensaciones dirigidas al transporte público y a los pequeños transportadores.
2. Revisar los esquemas de seguridad con criterio técnico. El presupuesto de la UNP pasó de 1,64 billones en 2022 a 3,14 billones en 2025, y su flota de 431 a 884 vehículos, según el informe de empalme conocido por Infobae. El representante Daniel Briceño, con base en contratos del Secop II, afirma que los esquemas de congresistas y concejales de Bogotá superarían los 181.000 millones de pesos este año, una cifra que el medio no verificó. Y el propio director de la UNP, Didier Blanco, reveló que un solo esquema incluye seis vehículos blindados y 16 escoltas, con un costo anual estimado superior a 4.000 millones. La protección debe continuar para quien esté en riesgo real, pero ningún cargo debería dar derecho automático a una camioneta blindada, y los costos deben ser públicos.
3. Poner un tope y transparencia a los altos salarios. El subsecretario general del Senado, Saúl Cruz, lleva más de 20 años en el cargo y gana más de 80 millones de pesos al mes, según Infobae, el salario más alto del país. No decimos que sea ilegal. Decimos que debe poder explicarse. Hace falta una escala salarial pública, con topes razonables frente a la responsabilidad del cargo, y una selección por mérito que reemplace la permanencia indefinida.
4. Dejar de pagar arriendos que sobran. La Contraloría encontró un daño patrimonial de más de 17.000 millones de pesos en la DIAN por un doble arriendo entre marzo y diciembre de 2024. La senadora María Clara Posada, por su parte, ha denunciado altos pagos por las sedes de la JEP, cifras que aún deben verificarse. El Gobierno debería hacer un inventario nacional de sedes y arriendos, trasladar a las entidades a edificios propios cuando existan y poner en venta o a producir los lotes y edificios que no se usan.
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Segundo, generar ingresos
5. Vender de verdad lo que tiene la SAE. Su directora, Amelia Pérez, dice que la entidad administra cerca de 38.000 bienes y denunció un inventario escondido, una afirmación que entregó a la Fiscalía y que aún no tiene pruebas públicas. En 2024, la propia SAE hablaba de inmuebles por 6,1 billones de pesos y sociedades activas por 2 billones, cifras que deben actualizarse. Además, según un análisis de InfoNación, la Ley de Rescate deja los bienes de la SAE por fuera de su programa de venta. Proponemos un inventario auditado, una venta pública y competida de lo que esté jurídicamente libre, y que lo recaudado se destine a la deuda.
6. Revisar las participaciones del Estado en sociedades. El artículo 11 del proyecto crea un programa para que las entidades reporten en 45 días lo que no necesitan, lo transfieran a CISA y lo vendan con publicidad y libre concurrencia, destinando al menos la mitad a la deuda durante cuatro vigencias. Pero el país debe conocer antes qué participaciones existen, cuánto valen y con qué criterio se decide cuáles son estratégicas y cuáles no.
7. Poner a producir los inmuebles ociosos. Los lotes, edificios y demás bienes de ministerios y entidades que no se usan deben pasar a CISA, para su venta o su arriendo.
Tercero, liberar cargas
8. Cambiar la estratificación por una focalización real. Subsidiar a todo el estrato 1, 2 y 3 solo por el estrato es injusto en ambas direcciones: hay hogares de esos estratos que no necesitan la ayuda, y hay familias de estrato 4 y 5 con serios apuros económicos. El Departamento Nacional de Planeación ya avanza con el Registro Universal de Ingresos, que cruza datos de empleo, salud, educación e información tributaria, y se prevé que reemplace gradualmente al Sisbén. Falta dar el paso de usarlo también en los subsidios de servicios públicos, con una transición que proteja a los más vulnerables. Planeación estima que afectaría a cerca de 3,5 millones de hogares, así que exige cuidado y decisión.
9. Aliviar a quien produce y simplificar. La reducción de la renta empresarial a 31 % es un paso adecuado. Falta completar la simplificación del sistema tributario, con menos excepciones y menos reformas cada dos años, y con un IVA bajo y amplio que dé previsibilidad a hogares y empresas.
10. Impedir que lo recortado reaparezca. Ningún cargo suprimido debe regresar como contrato de prestación de servicios, y cada ahorro debe medirse contra una línea base pública.
11. Publicar el balance. El Gobierno debería informar cada trimestre cuánto ahorró, cuánto vendió y cuánto liberó, con verificación de un tercero independiente.
Cada punto, mirado por separado, parece menor. Juntos marcan la diferencia entre un ajuste que se le pide al ciudadano y uno que el Estado se aplica primero. Un Estado que no sabe cuánto gasta en arriendos no puede pedirle a nadie que apriete el cinturón.
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