La seguridad en las zonas limítrofes y el avance de estructuras criminales provenientes de otros departamentos concentraron la atención del Consejo de Seguridad realizado este lunes, 9 de noviembre en Tunja por el Gobierno. Al término de la reunión, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció una estrategia que busca contener delitos como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el reclutamiento de menores por parte del ELN.
El mandatario explicó que parte de las amenazas que enfrenta Boyacá tienen origen en territorios vecinos, una situación que, según indicó, obliga a fortalecer la coordinación entre las autoridades y aumentar los controles en las fronteras departamentales. En ese sentido, confirmó que el plan ya comenzó a ejecutarse y tendrá alcance sobre un corredor de más de 434 kilómetros.
“Paradójicamente, los problemas de Boyacá no son de Boyacá, vienen de otros departamentos, con los que este maravilloso departamento es limítrofe”, manifestó De La Espriella después del encuentro, en el que estuvo acompañado por integrantes de la cúpula militar y policial.
Boyacá será el punto de partida de un sistema de vigilancia interconectado
Uno de los componentes centrales de la estrategia será la implementación de un piloto nacional de sistemas de vigilancia conectados, con el propósito de ampliar la capacidad de monitoreo en municipios y vías del departamento. La iniciativa estará acompañada por inversiones en infraestructura tecnológica y recursos para fortalecer la operación de la Policía.
De acuerdo con el presidente, el Ministerio del Interior priorizará la instalación y articulación de herramientas de videovigilancia en municipios y autopistas, además de poner en funcionamiento un sistema de control y monitoreo en Tunja. La experiencia comenzará en Boyacá y servirá como piloto para este tipo de soluciones en el país.
“Vamos a iniciar en el departamento de Boyacá”, señaló el mandatario al referirse a la puesta en marcha del proyecto. También anunció la cofinanciación de cámaras de seguridad para Ramiriquí y el fortalecimiento del parque automotor de la Policía en Cuitiva.
Estas medidas se suman a las instrucciones impartidas para incrementar la presencia de la Fuerza Pública en los límites departamentales y mantener vigilancia sobre los corredores considerados estratégicos para la movilidad y las actividades de las organizaciones ilegales.
Ofensiva contra las economías ilegales y las redes de extorsión
El plan contempla acciones contra las estructuras vinculadas al narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y las fuentes de financiación de los grupos criminales. De La Espriella también señaló que se reforzarán los controles para contener la presencia del Clan del Golfo y prevenir el reclutamiento de menores por parte del ELN.
La intervención no se limitará a los delitos asociados con grupos armados. El Gobierno incluyó en la estrategia el combate al microtráfico en espacios públicos, los préstamos informales conocidos como ‘gota a gota’ y la violencia intrafamiliar, fenómenos que también afectan la seguridad de las comunidades.
Sobre los préstamos ilegales, el presidente cuestionó las condiciones bajo las que operan estas redes y aseguró que las autoridades actuarán para frenar sus efectos sobre los hogares y los comerciantes. Frente a la violencia intrafamiliar, reconoció el aumento de las denuncias y lo relacionó con una mayor disposición de las mujeres a reportar estos hechos.
Controles adicionales en la cárcel de Cómbita
Otro de los anuncios estuvo relacionado con el establecimiento penitenciario de Cómbita. El mandatario pidió identificar a las personas privadas de la libertad que son oriundas de Boyacá para gestionar su traslado a cárceles de otras regiones, con el argumento de evitar que el centro penitenciario se convierta en un espacio desde el cual se reproduzcan actividades delictivas.
“Las cárceles no pueden seguir convirtiéndose en universidades del crimen”, afirmó, al explicar que solicitó al gobernador y a los alcaldes entregar la información necesaria para caracterizar a los detenidos.
El Gobierno señaló que el propósito general de las medidas es reducir las amenazas contra la población y ofrecer condiciones de seguridad para que los ciudadanos puedan desarrollar sus actividades sin presiones de organizaciones criminales. En particular, De La Espriella insistió en que los comerciantes deben poder abrir sus establecimientos sin tener que pagar extorsiones.