La Contraloría General de la República afirmó que hará un minucioso seguimiento a la contratación que han realizado desde el 2014 las cuatro firmas que hacen parte de la UT Centros Poblados, investigada por la pérdida del anticipo de $70 mil millones que entregó el MinTIC.
Por: Redacción 360 Radio
El ente de control anunció que el escándalo es de impacto nacional, pues según las pesquisas, los contratos con entidades del Estado estarían avaluados en más de un billón de pesos. Entre las empresas se encuentran, Intec, Omega, ICM y Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería y seguridad en Innovación (Funtics).
“El Despacho del Contralor General de la República, con base en el inciso segundo del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 ‘por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública’, adoptó la decisión de Declarar de Impacto Nacional los hechos relacionados con la planeación, ejecución, así como la supervisión e interventoría de los contratos en los cuales, en calidad de contratistas, se encuentran directamente o a través de consorcios y uniones temporales estas empresas que son miembros de la UT Centros Poblados”, dijo la Contraloría.
Antes de firmar con Centros Poblados, Functis, siendo parte de la UT Coexión Caribe, ganó un contrato con el Ministerio de las TIC, por medio de la modalidad selección abreviada, el pasado 27 de diciembre del 2019, por más de 25.000 millones de pesos, con el objetivo de instalar y prestar el servicio de Internet en departamentos como el Cesar.
Sin embargo, los usuarios se han quejado reiteradamente por los problemas que presenta el servicio, ante la mala calidad. El contrato deberá terminar en agosto del 2022.