Continúa las denuncias sobre la operación militar ejecutada en la vereda Alto Remanso, del municipio Puerto Leguizamo, Putumayo, donde las Fuerzas Armadas dieron de baja a 11 personas presentadas por como disidentes de las FARC.
Por: Redacción 360 Radio
Por medio de un comunicado, la CIDH pidió al estado colombiano atender las solicitudes de la Comunidad de Puerto Leguizamo, en las que se asegura que los muertos durante el operativo eran civiles entre los que se encontraban un menor de edad, una mujer embarazada, el presidente de la JAC de la vereda y el gobernador indígena.
La Comisión exhortó al Estado a tener en cuenta la muerte de Miller Correa, líder social asesinado en El Tambo, Cauca, y que contaba con un esquema de seguridad por parte de la UNP atendiendo a una medida de protección brindada por la CIDH en su condición de integrante del pueblo Nasa.
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La CIDH recordó a Colombia que la justicia ordinaria debe ser la encargada de atender lo referente a violaciones de Derechos Humanos, investigar, esclarecer y brindar la información necesaria sobre la cantidad real de muertes, heridos, capturados y desaparecidos en el operativo.
También, la Comisión Interamericana señaló la importancia de no estigmatizar a las víctimas durante el proceso de investigación, instando a tomar medidas reparadoras con enfoque intercultural teniendo en cuenta el daño a las comunidades; así como a fortalecer la presidencia del Estado en los territorios apartados y azotados por la violencia, con el fin de crear ambientes de diálogo que garanticen el cumplimiento de los derechos y la aplicación correcta del acuerdo de paz.
Tras las reiteradas afirmaciones del Gobierno Nacional sobre la “legitimidad” de la operación militar, las comunidades y diferentes organizaciones de Derechos Humanos informaron a la CIDH, que las acciones de las Fuerzas Armadas correspondían a un nuevo caso de falsos positivos, señalando que las personas asesinadas no eran combatientes sino miembros de la comunidad.