La suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 provocó una dura reacción dentro del Gobierno Nacional. Desde el Ministerio de Trabajo, Antonio Sanguino cuestionó la decisión adoptada por el Consejo de Estado y aseguró que, mientras no exista un nuevo decreto, las empresas deberán seguir pagando un salario mínimo cercano a los dos millones de pesos.
El ministro calificó la determinación judicial como “precipitada” y sostuvo que no responde a un debate estrictamente jurídico, sino que afecta directamente los derechos laborales. A su juicio, la suspensión del decreto representa un golpe al ingreso de millones de trabajadores y genera un escenario de incertidumbre innecesaria, justo cuando el país atraviesa un contexto económico complejo.
Sanguino insiste en salario mínimo cercano a $2 millones pese a suspensión del decreto
Sanguino cuestionó que la medida se adoptara antes de que venciera el plazo para que el Ejecutivo presentara los argumentos técnicos que sustentaron el incremento del 23 % decretado a finales de 2025. Según explicó, el Gobierno tenía hasta el 24 de febrero para entregar esa información, pero el alto tribunal resolvió de manera anticipada ordenar la suspensión y exigir la expedición de un nuevo decreto transitorio.
Pese a las críticas, el jefe de la cartera laboral afirmó que el Gobierno acatará el fallo, aunque adelantó que revisará el auto judicial y activará los mecanismos legales disponibles para defender el aumento decretado. En ese sentido, anunció que se convocará de manera urgente a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, al tiempo que no descartó jornadas de movilización social en defensa del salario mínimo.
El ministro también advirtió sobre los efectos prácticos de la decisión, especialmente para trabajadores y empresas. A su juicio, la orden de expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días abre la puerta a escenarios confusos, en los que podrían coexistir interpretaciones distintas sobre el valor del salario mínimo durante febrero. Por ello, recomendó a los empleadores calcular las nóminas con base en el valor actualmente vigente.
Sanguino reiteró que el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para 2026 sigue produciendo efectos jurídicos mientras no sea reemplazado por una nueva norma. En consecuencia, insistió en que el ajuste decretado rige desde el primero de enero y debe aplicarse de manera obligatoria hasta que el Gobierno expida el decreto transitorio solicitado por el Consejo de Estado.
El ministro defendió el concepto de “salario vital” como eje central de la política laboral del Ejecutivo y aseguró que el aumento decretado no tuvo un impacto inflacionario significativo. Según indicó, el incremento benefició de manera directa a sectores vulnerables, entre ellos aprendices del Sena, médicos internos y soldados que por primera vez accedieron a un salario mínimo completo.
Finalmente, el jefe de la cartera laboral sostuvo que la decisión del alto tribunal se enmarca en un ambiente de tensiones institucionales y aseguró que el Gobierno seguirá defendiendo el ingreso de los trabajadores como un pilar del Estado Social de Derecho. Mientras tanto, el debate sobre el futuro inmediato del salario mínimo continúa abierto, a la espera de una nueva definición oficial.