En un nuevo episodio de tensiones entre el sector privado y el Gobierno colombiano, la multinacional canadiense Brookfield denunció que las medidas propuestas en un reciente proyecto de decreto representan una violación de los tratados internacionales suscritos por Colombia. En una carta dirigida al ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, la compañía alertó sobre los efectos adversos de las nuevas disposiciones regulatorias, calificándolas de «arbitrarias e injustificadas».
Panorama general: La polémica surge tras la propuesta gubernamental de limitar al 5% la cantidad máxima de energía que una empresa generadora puede vender en la bolsa mayorista. Brookfield sostiene que esta medida no solo afecta gravemente su modelo de negocio, sino que también contraviene los estándares de protección para inversionistas extranjeros, consagrados en acuerdos internacionales.
En su misiva, la empresa advertió que el decreto podría causar una «pérdida sustancial en el valor de la inversión» que ha efectuado en el país. Adicionalmente, argumentó que la decisión de limitar la comercialización de energía pone en riesgo la estabilidad financiera de los proyectos energéticos, particularmente en un contexto de alta volatilidad climática como el que enfrenta Colombia.
Brookfield denuncia impacto de decreto energético en inversiones y tratados internacionales
Por qué es importante: Brookfield explicó que la medida propuesta por el Gobierno la obligaría a adquirir energía a costos elevados durante períodos de sequía y, al mismo tiempo, le impediría comercializar sus excedentes cuando las condiciones climáticas sean favorables. Esto, según la compañía, no solo distorsiona el mercado energético, sino que también atenta contra los principios de competencia establecidos en la legislación nacional.
La firma también cuestionó el procedimiento seguido por el Gobierno para implementar esta medida, afirmando que debió ser la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) la encargada de evaluar y decidir sobre este tipo de cambios, en lugar del Ministerio de Comercio.
Este no es el primer enfrentamiento entre Brookfield y la administración actual. La compañía ha manifestado previamente su preocupación por decisiones que, a su juicio, han erosionado la confianza de los inversionistas extranjeros en Colombia. La posibilidad de que estas acciones sean consideradas una violación de los tratados internacionales podría desencadenar disputas legales de gran magnitud en tribunales de arbitraje internacional.
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