La Cámara Colombiana de la Infraestructura confirmó a 360 Radio que la deuda del Invías con contratistas asciende a $600.000 millones. Esta cifra se conoce en medio de una importante preocupación del gremio de la infraestructura sobre las obligaciones pendientes, ya que la deuda solo aumenta. Y si bien el Gobierno realiza desembolsos, los compromisos se incrementan por falta de pagos regulares.
La acumulación de obligaciones comenzó a evidenciarse desde finales del 2023, cuando las cuentas sin cancelar se acercaron al billón de pesos entre facturas y reservas presupuestales. Durante 2024 el Gobierno realizó un pago por cerca de $1,3 billones para cubrir compromisos acumulados, pero la mora volvió a crecer en los meses siguientes, manteniendo el problema de liquidez en la entidad.
Lo anterior es preocupante porque impacta el desarrollo de proyectos y el sector empleo. Las obligaciones pendientes comprometen entre 55 y 57 proyectos viales estratégicos en diferentes regiones del país. La CCI ha advertido que alrededor de 336.000 empleos directos, indirectos e inducidos dependen de esas iniciativas, que incluyen corredores ubicados en zonas como Catatumbo, Nariño-Putumayo, Cauca-Huila, Guaviare, Alta Guajira y Arauca-Casanare.
Sumado a lo anterior, este comportamiento del Invías también impacta la ejecución de los recursos. A noviembre de 2024, la ejecución del presupuesto de inversión alcanzó el 38,7 % de lo asignado. Posteriormente, a junio de 2026, la ejecución presupuestal registró una reducción interanual del 59 %, al pasar de $573.204 millones a $235.776 millones, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda.
Un ejemplo claro relacionado con la mala gestión de los recursos tiene que ver con el impacto en el programa Caminos Comunitarios para la Paz Total, una bandera del presidente Petro. La meta era intervenir 33.000 kilómetros de vías terciarias durante el cuatrienio. No obstante, ejecutaron apenas 4.087 kilómetros, equivalentes al 12,4 % del objetivo planteado, con inversiones por $685.846 millones.
Así las cosas, contratistas, interventores y consultores han reportado retrasos prolongados en los pagos, situación que ha obligado a varias empresas a recurrir a créditos para mantener sus operaciones. La CCI también ha advertido sobre el riesgo que enfrenta un sector conformado en gran parte por pequeñas y medianas empresas dedicadas a la construcción, consultoría e interventoría de obras públicas.
Lo preocupante es que esta situación impactará, además, al nuevo gobierno. El equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella recibirá un Invías con una deuda vigente de $600.000 millones con contratistas, según la confirmación entregada por la CCI a 360 Radio. El panorama coincide con un contexto de menor ejecución presupuestal y restricciones fiscales que también impactan otras áreas del Estado, mientras el nuevo gobierno define la estrategia para atender las obligaciones pendientes y la continuidad de los proyectos viales.