Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló un panorama alarmante sobre la expansión de los grupos armados en el territorio nacional. Aunque varios de ellos participan en procesos de paz con el Gobierno, la realidad muestra un crecimiento acelerado de su presencia, un recrudecimiento de los enfrentamientos y graves afectaciones humanitarias para las comunidades.
Las disidencias de las Farc, por ejemplo, han incrementado su alcance de manera exponencial: pasaron de estar presentes en 124 municipios en 2019 a 376 en 2025. Bajo esta denominación se agrupan estructuras como las que lidera alias Iván Mordisco, alias Calarcá, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la Segunda Marquetalia y otras facciones aún no plenamente identificadas.
Expansión de grupos armados en Colombia 2025: disidencias de las Farc, Clan del Golfo y ELN aumentan su presencia en más de 900 municipios
Otro actor con fuerte consolidación es el Clan del Golfo, también llamado Ejército Gaitanista de Colombia, que en seis años pasó de 213 municipios a 351, lo que representa un incremento del 64% y lo posiciona como la organización con mayor expansión territorial en el país.
Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también ha ampliado su influencia. Mientras en 2019 tenía presencia en 149 municipios, en lo corrido de 2025 ya está en 229, lo que refleja un crecimiento del 54%.
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), este escenario está directamente relacionado con la fragmentación interna de los grupos armados, un fenómeno que se agudizó con los diálogos de paz debido a los desacuerdos sobre liderazgos, interlocución con el Estado y control de economías ilegales. Esta situación ha derivado en un incremento del 38% de enfrentamientos entre estructuras, especialmente en Cauca (28%), Antioquia (25%) y Norte de Santander (17%), donde se concentran las disputas por corredores estratégicos del narcotráfico.
Retos para la paz y la seguridad
El informe plantea tres grandes retos en el último año del Gobierno de Gustavo Petro. El primero es el deterioro de la seguridad y el agravamiento de la crisis humanitaria, que podría intensificarse si la política de paz total no se articula con una estrategia clara de seguridad. El segundo desafío está en el escenario electoral: aunque no se prevé que los grupos armados manipulen directamente los resultados, sí existe el riesgo de presiones y constreñimientos hacia los votantes en regiones bajo su influencia.
El tercer reto está en la continuidad de las negociaciones de paz, que, según la FIP, avanzarán lentamente y con un carácter más simbólico que estructural. En ese contexto, se espera que las medidas prioricen la percepción de progreso en temas como sustitución de cultivos o transformación territorial, más que en procesos efectivos de desarme y desmovilización.
Mientras tanto, las comunidades siguen siendo las más afectadas: desplazamientos forzados, confinamientos, masacres y graves violaciones de derechos humanos hacen parte del día a día en zonas donde la guerra sigue imponiéndose sobre la promesa de la paz.
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