Las comisiones terceras y cuartas conjuntas de Senado y Cámara entran en una etapa decisiva para definir el Presupuesto General de la Nación de 2027, cuyo monto propuesto por el Gobierno asciende a $634,9 billones. La discusión se desarrolla en medio de las advertencias sobre el deterioro de las finanzas públicas y una deuda neta que podría alcanzar el 67,3% del PIB.
El Congreso tiene hasta el 15 de septiembre para establecer el monto definitivo. Una vez cumplido este paso, las comisiones deberán aprobar el proyecto en primer debate, como máximo, el 25 de septiembre, antes de que la iniciativa pase a las plenarias de Senado y Cámara.
El trámite también tiene una fecha límite para su aprobación definitiva. Si el Congreso no expide el presupuesto antes del 20 de octubre, entraría a regir el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda, junto con las modificaciones que hayan sido aprobadas durante el primer debate.
El Gobierno de Abelardo De la Espriella ha cuestionado la propuesta presupuestal que recibió de la administración anterior y sostiene que las cuentas inicialmente planteadas no reflejaban de manera completa las obligaciones del Estado en áreas como salud, universidades públicas, pensiones, subsidios y deuda.
Además, el Ejecutivo aseguró que el 96% del cupo de endeudamiento previsto para 2026 ya se había utilizado en agosto, pese a que estaba contemplado para financiar las necesidades de toda la vigencia.
Gobierno cuestiona ingresos proyectados y costo de la deuda en el Presupuesto
El Ministerio de Hacienda también señaló compromisos por $10 billones adquiridos en una semana que, de acuerdo con el Gobierno, no estarían relacionados con obras o inversión, sino con burocracia y gasto. A esto se suma, según el Ejecutivo, una caída de la inversión privada hasta niveles que no se registraban desde 1975.
Otro de los puntos centrales de la discusión está en las proyecciones de ingresos. El Gobierno sostiene que durante los últimos cuatro años se presentaron presupuestos con estimaciones de recaudo superiores a las que finalmente podrían materializarse.
Para 2027, mientras la proyección anterior contemplaba ingresos tributarios por $340 billones, el cálculo considerado realista los ubica en $299 billones, una diferencia de $41 billones. El Ejecutivo también recordó que en 2024 los ingresos tributarios fueron $71 billones inferiores a lo presupuestado.
En el caso de 2026, el presupuesto había calculado $321,5 billones de recaudo tributario, mientras que para 2027 la administración anterior proyectó $308,9 billones. El cálculo actualizado los sitúa en $298,1 billones, es decir, $10,8 billones menos frente a lo presupuestado.
La deuda representa otra presión para las cuentas nacionales. El servicio de las obligaciones financieras pasaría de $100 billones en 2026 a $155 billones en 2027, un aumento de $55 billones. Según las cifras presentadas por el Gobierno, esto implica que una proporción cada vez mayor de los ingresos tributarios debe destinarse al pago de la deuda.
En paralelo, los intereses aumentarían 48% entre ambos años, reduciendo el margen disponible para financiar otras obligaciones estatales e inversión pública.
Para enfrentar esta presión, el Gobierno planteó medidas de austeridad por $17,4 billones. La propuesta incluye $12,9 billones en menores transferencias, $2,8 billones en adquisición de bienes y servicios y $2,5 billones menos en proyectos de inversión considerados no prioritarios.
La distribución del presupuesto también refleja el peso de las obligaciones corrientes: 62% se destinaría a funcionamiento, 24% al servicio de la deuda y 14% a inversión. Así, de cada $100 presupuestados, $24 irían al pago de deuda y $14 a inversión.
Con este escenario, las comisiones económicas deberán definir en las próximas horas el monto con el que Colombia afrontará su presupuesto de 2027 y avanzar en un trámite condicionado por las fechas establecidas para su aprobación.