La Corte Constitucional emitió una sentencia de alto impacto para el sistema de salud colombiano: revocó la intervención administrativa impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) sobre la EPS Sanitas, decisión que devuelve el control de esta entidad al grupo Keralty, su operador histórico.
Panorama general: En la decisión contenida en el documento judicial, la Sala Plena de la Corte revocó la sentencia proferida el 10 de julio de 2024 por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, que había confirmado un fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Este tribunal había declarado improcedente una acción de tutela interpuesta por varias entidades del grupo Keralty, entre ellas Clínica Colsanitas S.A. y Medisanitas S.A.S.
Sin embargo, la Corte Constitucional tomó un rumbo diferente al amparar el derecho fundamental al debido proceso de dichas entidades, señalando que se vulneraron garantías constitucionales en el marco de la intervención decretada por la Supersalud.
Fallo de la Corte Constitucional devuelve control de EPS Sanitas al grupo Keralty
Como consecuencia del nuevo fallo, la Corte dejó sin efectos tres resoluciones clave:
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La Resolución No. 20241600000003002-6 del 2 de abril de 2024, que ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes y operaciones de Sanitas.
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La Resolución 2024100000003060-6 del 10 de abril de 2024, que corrigió la anterior.
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Y la Resolución 2025320030001947-6 del 1 de abril de 2025, que prorrogaba la intervención por un año más.
Estas resoluciones permitieron que el gobierno, a través de la Supersalud, interviniera forzosamente a Sanitas, una de las EPS más grandes del país, con más de cinco millones de afiliados.
Por qué es importante: Con esta sentencia, el grupo Keralty recupera la administración de la EPS Sanitas, y el Gobierno Nacional deberá cesar cualquier acción de control directo sobre sus operaciones. La Corte determinó que las decisiones de la Supersalud no cumplieron con las garantías del debido proceso, y por tanto, no pueden mantenerse vigentes.
La providencia también ordena remitir el caso a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, la cual se encarga de vigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales en el sistema de salud colombiano.
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