En medio de la controversia por el manejo de los recursos públicos destinados a megaproyectos de infraestructura en Colombia, la Sociedad Concesionaria Nueva Vía al Mar, Covimar, salió al paso de las críticas formuladas por el presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado que dineros públicos estarían quedando en manos de privados.
Panorama general: La empresa presentó un detallado balance de las consignaciones realizadas a través de vigencias futuras para el desarrollo del proyecto vial Mulaló – Loboguerrero, asegurando que los fondos están bajo administración estatal.
Según explicó Covimar, los recursos están consignados en una fiducia y son manejados directamente por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como lo establece el contrato de concesión 001 de 2015. La representante legal de la concesión, Adriana Fawcett Vargas, certificó que los aportes hechos por la ANI ascienden a $1,7 billones, los cuales han generado rendimientos por $407.423 millones, consolidando así un fondo de $2,2 billones para la ejecución del proyecto.
“Con corte al 28 de febrero de 2025, se administra un total de recursos en dólares por US$9.643.311, los cuales están incluidos dentro del total presentado por la subcuenta en pesos”, señala el documento firmado por Fawcett.
Covimar defiende uso de recursos públicos en proyecto vial Mulaló – Loboguerrero
Desde diciembre de 2016, se han realizado nueve giros, cumpliendo con lo estipulado en el contrato, en el que también se determina que los rendimientos financieros y saldos serán administrados por la ANI. Covimar enfatizó que no ha recibido ni utilizado dichos recursos, dado que su uso está restringido por las condiciones contractuales. “La disposición de dichos recursos se encuentra a cargo exclusivo de la ANI”, reiteró la concesión.
Por qué es importante: Los recursos están destinados a la fase de preconstrucción del proyecto, que incluye estudios, diseños, adquisición de predios y otros trámites fundamentales para continuar con el desarrollo de la obra, considerada clave para mejorar la conexión entre el centro del país y el puerto de Buenaventura.
Covimar también recordó que, hace un mes, ya había aclarado que las vigencias futuras estaban debidamente consignadas y disponibles para el avance del proyecto. Además, señaló que con recursos propios ha asumido pagos de personal, trámites de licencia ambiental, procesos de consulta previa y compra de predios.
En relación con las dificultades que han frenado el avance del proyecto, la concesión advirtió que las demoras en la entrega de permisos han generado un desequilibrio contractual. Esta situación llevó a la ANI a solicitar en 2022 recursos adicionales al Ministerio de Hacienda, petición que fue negada, según explicó Covimar.
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