En Colombia al trabajador se persigue y al bandido se le premia

Hemos sido estrictos en exigir que la ley se cumpla y en ningún caso buscaríamos justificaciones para pedir que no sea así. Pero viendo lo que tenemos en Colombia, parece que las prioridades del Estado colombiano están bastante invertidas y confusas.

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En Colombia, tenemos un ramillete de problemas bastante álgidos y muy difíciles que tienen que ver con la ilegalidad que abunda en el país, la criminalidad y todo lo que ella emana, el lavado de activos, el secuestro, la extorsión, el asesinato, el robo, la evasión y la elusión descubierta de millas de personas, y desde luego, todos los carteles que en Colombia funcionan con total impunidad.

Es necesario entender que el país inició algo necesario y correcto con la facturación electrónica. Sin embargo, también es importante considerar que en Colombia cerca del 70% del tejido empresarial está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas que viven del día a día.

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Estas empresas llegan a pagar nóminas con el agua al cuello, tienen impuestos absolutamente confiscatorios y no cuentan con el andamiaje o la estructura de las grandes compañías para tener todas las inversiones tecnológicas, revisores fiscales, auditorías, grandes firmas de contabilidad, asesores, juntas directivas, vicepresidentes. Muchas de ellas son unipersonales o familiares, con 7, 10, 12 empleados

Aunque insistimos en que no se les excusa de cumplir con sus deberes, en Colombia se prefiere castigar las debilidades y errores de quienes, en situaciones adversas, generan empleo, pagan impuestos, crean riqueza y generan desarrollo en todos los municipios del país. Se prefiere perseguir a estas personas porque es más fácil, porque son gente decente y legal, en lugar de perseguir a quienes verdaderamente cometen crímenes y atentados contra Colombia.

En este gobierno, hay que decirlo, se están cometiendo muchas arbitrariedades contra personas humildes, como es el caso de Doña Segunda. No puede ser que en un país que premia a la primera línea, que induce delincuentes, que dialoga con terroristas y criminales de guerra, sea tan indulgente con tanto terrorista, pero prefiere cerrar el negocio de una señora de más de 80 años porque no tiene una factura electrónica.

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De manera que esa actitud del Estado en todo el país, amenazando a millas de empresarios con meterlos a la cárcel con la Fiscalía en un país en las condiciones actuales, es inconmensurable e inconcebible. Insistimos, no es porque se les tenga que disculpar de cumplir sus obligaciones, sino porque el Estado en estos casos debería hacer labores pedagógicas con estas empresas para que cumplan con sus responsabilidades y parámetros.

Cuando el Estado se vuelve fácil ir a buscar dinero y confiscar a las pequeñas, micro y medianas empresas, definitivamente la priorización del Estado colombiano está muy mal. No puede funcionar así. Un piqueteadero que funciona en la plaza del 12 de octubre es uno de los miles de establecimientos en todo el país que funcionan de manera irregular, que muchas veces no tienen RUT, que no pueden pagar a sus empleados ni cumplir con todas las obligaciones fiscales. Esa es la realidad del país. ¿Cómo cambiarla? Con pedagogía, con trabajo, con diálogo, con más y mejores herramientas, con impuestos más bajos.

No puede ser que quienes cometen toda clase de crímenes estén siendo premiados e indultados mientras personas que generan desarrollo para el país estén siendo perseguidas. Queremos dejar esta reflexión porque honestamente no creemos que cerrando una empresa como la de Doña Segunda, de 14 personas, se construye país. Era más fácil hablar con Doña Segunda, hacer pedagogía y llevarla a cumplir las normas. Seguramente para ella habría sido más favorable pertenecer a un cartel criminal que tener un piqueteadero.

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