Fuentes diplomáticas de alto nivel confirmaron a este medio que en Washington hay una profunda preocupación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. El presidente Donald Trump fue informado de la noticia en las primeras horas de la mañana del lunes y, según se conoció, la reacción en la Casa Blanca fue inmediata.
No se trató de un simple mensaje de condolencias: hubo llamadas, instrucciones y movimientos de alto nivel.
Trump, junto con el senador republicano Marco Rubio, dio la orden directa para que funcionarios de su círculo más cercano viajaran a Colombia. Entre ellos se encuentra Christopher Landau, alto funcionario de confianza, quien arribará este martes a Bogotá con el objetivo de asistir a las honras fúnebres.
Además, se dispuso que McNamara, otro alto cargo del gobierno estadounidense, permanezca al lado de la familia Uribe Turbay en todo momento durante estos días de duelo. La misión es clara: transmitir un mensaje inequívoco de respaldo político y personal.
Estados Unidos refuerza respaldo a la familia de Miguel Uribe Turbay tras su asesinato
Las fuentes también aseguran que Estados Unidos evalúa ofrecer a la familia Uribe Turbay un esquema especial de apoyo en materia de seguridad, así como un acompañamiento diplomático más cercano. Este posible ofrecimiento se fundamenta en el historial de victimización por la violencia que ha marcado a la familia.
Para Trump, el caso tiene un eco personal: hace pocas semanas, sobrevivió a un atentado durante un mitin de campaña. En esa ocasión, un leve movimiento de su cabeza, de apenas un centímetro, le salvó la vida. Esa experiencia, dicen allegados, lo hace ver el asesinato de Uribe como un episodio de extrema gravedad y con implicaciones directas sobre la democracia y la seguridad de figuras políticas en la región.
Esta preocupación se amplifica con la llegada, también este martes, de una comisión de congresistas estadounidenses que tenía previsto aterrizar en Colombia desde hace varias semanas.
El viaje estaba diseñado con una agenda diplomática y económica, pero el asesinato de Uribe ha alterado el enfoque: ahora la delegación trae instrucciones precisas de evaluar la situación de seguridad, sostener reuniones con autoridades locales y reforzar la cooperación bilateral en temas de inteligencia y protección a líderes políticos.
En los pasillos del Departamento de Estado, este caso ha traído a la memoria un episodio crítico de la historia reciente de Colombia: el 7 de agosto de 2002, día de la posesión de Álvaro Uribe Vélez.
Esa mañana, funcionarios estadounidenses advirtieron al entonces presidente electo que no podía caminar desde el Palacio de San Carlos hasta el Congreso debido a información de inteligencia que alertaba sobre un atentado inminente. Ante la negativa inicial de Uribe, la embajada de Estados Unidos decidió prestarle una camioneta blindada para garantizar su traslado seguro.
La recomendación resultó acertada. Minutos después, las FARC lanzaron más de siete rockets contra el centro de Bogotá, matando a más de 14 personas y dejando decenas de heridos. Las imágenes de Uribe descendiendo de la camioneta blindada, junto a su familia, en medio del caos y la lluvia, se convirtieron en símbolo de un país que asumía el poder en medio de la guerra.
Ese antecedente, recuerdan en Washington, refuerza la percepción de que en Colombia persisten amenazas graves contra figuras políticas de alto perfil, incluso en escenarios oficiales y con medidas de seguridad reforzadas.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay no solo ha golpeado a la opinión pública colombiana, sino que también ha generado repercusiones internacionales. En el Senado de Estados Unidos, Marco Rubio ha expresado en privado que este caso debe servir para revisar los protocolos de seguridad para líderes y candidatos en América Latina.
En círculos cercanos a la Casa Blanca se habla de la posibilidad de que el magnicidio sea discutido en sesiones de seguridad nacional, a la luz de las tensiones que vive la región y el papel que juegan actores ilegales en la desestabilización política.
El Departamento de Estado, por su parte, estaría preparando un pronunciamiento más robusto que el habitual comunicado de condolencias.
Se evalúa incluir en el texto referencias a la necesidad de fortalecer los programas de protección, aumentar la cooperación en inteligencia y, eventualmente, condicionar parte de la asistencia estadounidense a mejoras concretas en la seguridad de figuras públicas y defensores de derechos humanos.
Mientras tanto, la familia de Miguel Uribe recibe el respaldo de funcionarios estadounidenses que, más allá de lo protocolario, buscan transmitir un mensaje político: el asesinato no quedará como un hecho aislado en la relación bilateral. Washington ve en este caso una señal de alerta que, de no atenderse, podría abrir un capítulo más oscuro en la historia reciente de Colombia.
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