La muerte de Miguel Uribe Turbay, ocurrida dos meses después de haber sido víctima de un atentado a tiros, no solo dejó luto nacional sino también una fuerte controversia por las declaraciones y gestos del Gobierno Nacional en torno al caso.
Horas después de confirmarse su fallecimiento, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, afirmó que, tras varias revisiones internas, la entidad concluyó que “se hizo todo bien” en la protección del excandidato presidencial. Sus palabras generaron profundo malestar entre familiares, aliados políticos y miembros del círculo más cercano a Uribe, quienes las interpretaron como una muestra de obstinación y falta de autocrítica.
Declaraciones de la UNP y ausencia de gestos generan indignación en familia de Miguel Uribe
Para allegados a la familia, aceptar que no se hizo lo suficiente no implicaba reconocer responsabilidad directa, pero sí demostrar un mínimo de dignidad y decencia institucional. Recordaron que Miguel Uribe había enviado en repetidas ocasiones cartas a la UNP pidiendo reforzar su esquema de seguridad, advertencias que aseguran fueron ignoradas.
Las críticas se acentuaron por el contexto del atentado: el crimen ocurrió a apenas 20 minutos del aeropuerto El Dorado y media hora del Palacio de Nariño, no en zonas apartadas o de alto riesgo. Según personas cercanas al caso, los atacantes conocían la debilidad del esquema de protección y la falta de capacidad preventiva e inteligencia estatal para anticipar el ataque.
A la polémica se sumaron las declaraciones del autodenominado “Pastor” Saade, quien, el mismo día del fallecimiento, afirmó que “hacer política tiene sus riesgos y ese era uno de ellos”. Sus palabras fueron calificadas como cínicas, insensibles y revictimizantes, incluso más graves que las del director de la UNP.
En contraste, hubo gestos valorados por la familia, como la presencia del embajador Armando Benedetti en las exequias. Benedetti, quien tuvo una relación cordial con Uribe desde hace más de 15 años, asistió por decisión personal y en representación del Gobierno. Pese a las diferencias políticas, ambos mantenían una relación de respeto mutuo.
Para Benedetti, era importante que al menos un miembro del Ejecutivo asistiera, aunque sabía que la presencia del presidente Gustavo Petro habría generado tensiones y un alto grado de exposición mediática.
Sin embargo, la familia esperaba otros gestos que nunca llegaron, como una llamada del mandatario a María Claudia Tarazona, esposa de Uribe, durante los más de dos meses que este estuvo hospitalizado. Esa comunicación nunca se dio.
Fuentes del alto gobierno confirmaron que hubo intensas discusiones internas sobre cómo manejar el caso, con posiciones enfrentadas respecto a la conveniencia de pronunciamientos y asistencias a los actos fúnebres. Incluso, algunos miembros del Ejecutivo reprocharon las declaraciones emitidas horas después de la muerte de Uribe, conscientes del malestar que causaron.
En medio de este clima de dolor y tensión política, allegados a Uribe resaltaron que los únicos gestos considerados “decente acompañamiento” provinieron del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se mantuvo pendiente desde el momento del atentado, y del propio Benedetti en la cámara ardiente. Para muchos, la forma en que el Gobierno manejó la tragedia dejó en evidencia no solo la fragilidad de los esquemas de protección a figuras públicas, sino también la ausencia de empatía política en momentos de crisis.
