El debate sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 ya comenzó a encender alertas entre analistas económicos. Uno de los pronunciamientos más críticos provino de Fedesarrollo, que advirtió que el incremento en el gasto de funcionamiento, junto con el déficit que arrastra el país, podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos años.
Panorama general: El Gobierno presentó al Congreso un PGN que asciende a una cifra aún no consolidada, pero que está desfinanciado en $26,3 billones, monto que el Ejecutivo espera cubrir con la nueva reforma tributaria que será radicada en los próximos días.
Según cálculos de Fedesarrollo, el presupuesto muestra un aumento nominal del 9% frente a 2025, impulsado por un crecimiento del 15,9% en inversión pública y del 13,7% en gasto de funcionamiento. En contraste, el rubro del servicio de la deuda registraría una reducción del 9%.
Aunque el aumento en inversión podría dinamizar la economía, el centro de pensamiento alertó que el incremento del gasto de funcionamiento, particularmente en transferencias y otros rubros inflexibles, reduce los espacios para un ajuste fiscal ordenado.
Fedesarrollo alerta sobre riesgos fiscales en el Presupuesto General 2026
Por qué es importante: Fedesarrollo recordó que en 2024 el Gobierno ya había incumplido la regla fiscal y que para 2025 activó la cláusula de escape, mecanismo que permite apartarse de las metas fiscales hasta 2028.
“Esta medida se traducirá en un incremento sostenido de la deuda pública hasta ese año, postergando el ajuste requerido para garantizar su sostenibilidad”, explicó la entidad.
En otras palabras, la estrategia de mantener elevados niveles de gasto, incluso por encima de la inflación y de las posibilidades reales de financiamiento, deja al país con una dependencia creciente de ingresos tributarios contingentes.
El plan del Ejecutivo es financiar el hueco del presupuesto con la reforma tributaria que busca recaudar $26,3 billones. Sin embargo, Fedesarrollo considera que el proyecto enfrenta serias restricciones políticas en su trámite legislativo y un riesgo adicional: que la recaudación final sea inferior a la esperada, lo que profundizaría el deterioro del balance fiscal.
“Para que una nueva reforma tributaria tenga legitimidad política, es fundamental que el Gobierno muestre un esfuerzo paralelo de contención del gasto, pues no es viable exigir mayores aportes tributarios a hogares y empresas sin enviar al mismo tiempo una señal clara de disciplina fiscal”, enfatizó el centro de estudios.
Lea también: Canasta familiar seguirá libre de IVA en la nueva reforma tributaria
