En medio de la controversia que rodea el cambio en el sistema de expedición de documentos de identidad en el país, la Imprenta Nacional de Colombia (INC) se pronunció. A través de un pronunciamiento oficial, la entidad respaldó la viabilidad del nuevo modelo de pasaportes, calificando los cuestionamientos recientes como «interpretaciones».
La defensa de la INC se produce en un momento de alta sensibilidad política y judicial, donde se debate si el Estado cuenta con la infraestructura necesaria para asumir una tarea que, por décadas, estuvo en manos de operadores privados internacionales.
Panorama general: Para la Imprenta Nacional, el núcleo del debate no es meramente administrativo, sino de soberanía tecnológica. Según la entidad, el objetivo central del actual modelo es la transferencia progresiva de capacidades al Estado colombiano. Esto implica que el país deje de ser comprador de servicios para convertirse en el gestor de sus propios documentos de alta seguridad.
«Se busca reducir la dependencia de proveedores externos y fortalecer la operación estatal en áreas de seguridad nacional», señaló la institución.
Este proceso de «nacionalización» de la producción permitiría, según la INC, que Colombia adquiera por primera vez el control total sobre los procesos productivos y tecnológicos, garantizando que el conocimiento técnico permanezca en las instituciones públicas.
¿Qué pasará con los pasaportes? La Imprenta Nacional defiende el nuevo modelo estatal
Uno de los puntos que ha generado mayor fricción en la opinión pública es la producción de un lote inicial de 1.500 ejemplares. Ante las dudas sobre la calidad y el propósito de estos documentos, la Imprenta aclaró que estos no están destinados a la circulación pública.
Se trata de una fase técnica fundamental de validación. Estas muestras forman parte de los protocolos de implementación y transferencia de tecnología, diseñados para someter a prueba la maquinaria y los estándares de seguridad antes de iniciar la producción masiva para la ciudadanía.
Por qué es importante: Respecto a las preocupaciones sobre el manejo de datos, la INC fue enfática en asegurar que los protocolos de seguridad y el tratamiento de información sensible se ejecutan bajo niveles de confidencialidad. La entidad garantiza que existe una trazabilidad total en cada etapa del proceso, lo que blinda al sistema contra posibles vulneraciones.
Finalmente, la Imprenta Nacional subrayó que este modelo no representa una evolución hacia la autonomía. La batalla por la validez de este sistema no solo se librará en el ámbito de la opinión pública, sino también en los estrados:
Defensa judicial: La entidad ratificó que el convenio será defendido ante jueces y órganos de control.
Capacidad propia: El argumento central será la construcción de un modelo público.
Con este respaldo, el Gobierno busca consolidar un esquema donde el Estado recupere el timón en la emisión de documentos de viaje, un desafío logístico que hoy se encuentra bajo la lupa de todo el país.
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