La autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio para integrar las operaciones móviles de Tigo y Movistar generó una reacción inmediata en el país. Aparecieron advertencias sobre un posible duopolio, inquietudes por la concentración y temores acerca del futuro de los operadores pequeños.
Aunque estas preocupaciones son legítimas, es necesario observar el contexto completo. El mercado colombiano ya no operaba como un entorno competitivo estable ni sostenible.
Durante varios años el país funcionó en medio de un desequilibrio evidente. Existía un operador dominante con amplia capacidad de inversión, dos competidores medianos sometidos a crecientes presiones financieras y un entrante que enfrentaba su propia reorganización.
En un sector altamente intensivo en capital, donde mantener redes 4G y desplegar 5G exige inversiones permanentes, la competencia no depende del número de actores, sino de su capacidad real para sostener esas inversiones. Esa capacidad estaba en riesgo.
La integración entre Tigo y Movistar surge como una respuesta directa a esa fragilidad estructural. Al unir redes, espectro y operación, ambos operadores alcanzan una escala que les permite consolidarse como un competidor viable frente al actor dominante.
Sin esta unión, el debilitamiento de uno de ellos hasta la inviabilidad no era un escenario hipotético, sino una amenaza concreta para la competencia y para los usuarios.
Es fundamental subrayar que la SIC no aprobó esta operación sin condiciones. Impuso un conjunto riguroso de exigencias, entre ellas tarifas mayoristas más favorables para los operadores móviles virtuales, topes al roaming automático nacional en beneficio de WOM y futuros operadores, prohibiciones a prácticas comerciales que puedan desplazar a competidores pequeños y restricciones técnicas para prevenir afectaciones en la cobertura, especialmente en zonas rurales. En síntesis, se trata de una integración vigilada, no de una autorización absoluta ni sin limitaciones.
Desde la perspectiva de la política pública, la decisión refleja un enfoque pragmático que facilita la labor del Ministerio TIC en su misión de llevar conectividad a regiones apartadas, garantizar cobertura escolar y avanzar en el cierre de brechas digitales. Para lograrlo se necesitan operadores financieramente estables y con capacidad de inversión. La simple multiplicación de competidores no asegura más conectividad. La sostenibilidad de las redes sí.
¿Qué implica esto para los usuarios? Representa una red unificada más robusta, mejor calidad del servicio, mayor cobertura en más municipios y condiciones más competitivas para los operadores virtuales, que podrán ofrecer mejores precios gracias a tarifas mayoristas reguladas. Lo que parecía una decisión puramente empresarial tendrá efectos directos en la experiencia cotidiana de millones de colombianos.
La discusión sobre si Colombia se encamina hacia un duopolio no desaparecerá y merece un debate serio. Sin embargo, no puede ignorarse un hecho fundamental. La alternativa era un mercado con menos competencia efectiva, no más. La integración no elimina la rivalidad. Busca preservarla frente al riesgo de que uno de los actores quedara fuera del tablero.
En telecomunicaciones, la estabilidad del mercado no depende de percepciones, sino de redes capaces de operar, competir e invertir. La integración Tigo–Movistar, con las condiciones impuestas, avanza en esa dirección. No resuelve todos los desafíos, pero evita un desequilibrio mayor y le ofrece al país una plataforma más sólida para mejorar la conectividad, la calidad y el servicio.
