La inversión privada en infraestructura en Colombia ha alcanzado una cifra histórica que supera los $140 billones, según datos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). De acuerdo con Juan Martín Caicedo, presidente de esta agremiación, el modelo de participación privada ha impulsado un desarrollo en el país «que no se vio en todo el siglo XX», permitiendo la construcción y mantenimiento de más de 7.300 kilómetros de carreteras.
Este avance, sin embargo, enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre tras recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro. Durante una alocución, el mandatario anunció que la financiación para el plan de vacunación contra el brote de fiebre amarilla saldría de recursos provenientes de los proyectos 4G y 5G, «en los cuales se evidencien incumplimientos contractuales».
Además, Petro afirmó que dará prioridad a la inversión pública en salud sobre proyectos de infraestructura vial, poniendo en duda el cumplimiento de las vigencias futuras comprometidas en este sector.
Panorama general: Ante este panorama, Caicedo defendió con firmeza el modelo de concesiones, recordando que gracias a este esquema se logró enfrentar retos que el Estado, por sí solo, no hubiera podido asumir, debido a las limitaciones fiscales. El dirigente citó ejemplos como las vías Quibdó-Medellín y Curos-Málaga en Santander, obras públicas que han tardado más de dos décadas en ser pavimentadas debido a la falta de recursos.
«Con unas finanzas estatales debilitadas y un país que debe superar desafíos inmediatos en seguridad y salud, la disponibilidad de recursos públicos para atender la infraestructura vial no luce como un escenario posible», subrayó Caicedo.
Además, advirtió que aplazar vigencias futuras afecta directamente el desarrollo regional, la generación de empleo y el crecimiento económico sostenido. “Es indispensable honrar los compromisos adquiridos, especialmente en proyectos como Neiva-Mocoa-Santa Ana, Popayán-Santander de Quilichao y Pamplona-Cúcuta”, agregó.
Avances, riesgos y desafíos de la inversión privada en infraestructura en Colombia
Por qué es importante: El balance a marzo de 2025 muestra que el programa de cuarta generación (4G) alcanza un avance promedio del 86,22%. De los 28 proyectos reportados por la CCI:
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13 están en operación.
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14 en fase de construcción.
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1 en preconstrucción (el proyecto Mulaló-Loboguerrero, sin avances reportados).
Entre las vías finalizadas se destacan tramos estratégicos como Girardot-Honda-Puerto Salgar, Pacífico 2, Chirajara-Fundadores y Cartagena-Barranquilla.
En cuanto a los proyectos en construcción, algunos superan el 90% de ejecución, como:
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Cambao-Manizales (99,8%)
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Autopistas al Mar 2 (99,29%)
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Bucaramanga-Barranca-Yondó (98,14%)
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Autopista al Río Magdalena 2 (97%)
No obstante, otros proyectos presentan menores avances, como la Malla Vial del Meta (19,6%) y Popayán-Santander de Quilichao (35,6%).
Aunque reconoce dificultades, Caicedo puntualizó que muchos de los problemas responden a retrasos prediales, interferencias de servicios públicos o trabas ambientales, y no al modelo de concesión mismo.
“Siempre habrá aspectos susceptibles de ajustes y mejoras. Pero, en síntesis, hay que decir que la infraestructura vial del país logró, gracias a las concesiones, hacer en tres décadas lo que ningún otro esquema permitió en un siglo”, concluyó.
Estado de los proyectos 5G
En contraste, el programa de quinta generación (5G) presenta un ritmo inicial lento: a corte del 15 de abril de 2025, el promedio de avance general es de apenas 2,8%. De 13 proyectos, nueve no reportan avances y solo cuatro muestran porcentajes de ejecución:
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Nueva Malla Vial del Valle (Accesos Cali y Palmira): 28,47%
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Troncal del Magdalena C2 (Sabana de Torres – Curumaní): 4,24%
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Nueva Malla Vial del Valle (Buenaventura – Loboguerrero – Buga): 3,3%
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Troncal del Magdalena C1 (Puerto Salgar – Barrancabermeja): 0,22%
Entre los que aún no reportan avance están obras clave como Accesos Norte Fase II, ALO Sur, Pasto-Popayán y Conexión Centro.
La posibilidad de redirigir recursos de infraestructura hacia otros sectores genera inquietud entre expertos. El exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, advirtió que mover esos fondos sin un proceso legal claro podría afectar la seguridad jurídica de las concesiones y sentar un precedente de inestabilidad para futuros inversionistas.
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