Colombia vive un momento político especialmente delicado, marcado por denuncias que han despertado alertas sobre la posible infiltración criminal en el Estado. Declaraciones de líderes políticos, investigaciones periodísticas y reacciones institucionales han configurado un panorama de alta tensión en el que la seguridad nacional y la estabilidad democrática vuelven al centro del debate público.
Las revelaciones recientes han generado inquietud entre ciudadanos, expertos y organizaciones que temen un debilitamiento progresivo de la institucionalidad.
Crisis política en Colombia por denuncias de infiltración criminal en el Estado
En este contexto, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, fue uno de los primeros en pronunciarse con dureza. Durante un encuentro con medios, Pinzón afirmó que en Colombia se estaría consolidando un escenario de penetración criminal en el Estado, situación que calificó como “grave” para la seguridad nacional.
Según él, los hechos recientes demostrarían que distintos grupos armados ilegales habrían logrado extender su influencia, incluso dentro de las instituciones encargadas de combatirlos.
Pinzón aseguró que, a su juicio, existe una relación evidente entre el Gobierno actual y organizaciones como las disidencias de las FARC, el ELN y otras estructuras criminales. De acuerdo con su postura, estos grupos habrían respaldado la llegada al poder del presidente Gustavo Petro y habrían ampliado su presencia durante la actual administración.
Para el precandidato, el país vive un momento crítico porque estas alianzas, reales o presuntas, estarían afectando la integridad del Estado, la operatividad de la Fuerza Pública y la seguridad de millones de colombianos.
El exembajador sostuvo además que es fundamental que la ciudadanía defienda la institucionalidad y que las Fuerzas Militares honren su mandato constitucional para impedir que actores ilegales profundicen su control territorial y su influencia política.
Aseguró que, de ser elegido presidente en 2026, su gobierno implementaría una estrategia de seguridad con una política firme contra el terrorismo y la criminalidad. Manifestó que su experiencia en asuntos de defensa, sumada a su trayectoria diplomática, le permitirían retomar el control que, en su criterio, el país ha ido perdiendo.
#Colombia | Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, afirmó que existen pruebas claras de vínculos entre Petro y grupos armados, criticando la liberación de alias Calarcá y el retiro del general Fajardo.
«Las pruebas son claras! Es evidente la relación entre Petro, las… pic.twitter.com/WUaVCqmGc7
— 360 Radio (@360RadioCo) November 24, 2025
Las declaraciones del precandidato coincidieron con la publicación de una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Tras un año de seguimiento, el medio reveló un conjunto de pruebas que involucran a miembros de las disidencias de alias Calarcá con altos funcionarios del Estado.
El reportaje expuso supuestos intercambios de chats, correos electrónicos, fotografías y cartas que evidenciarían una relación cercana entre mandos disidentes y el general Juan Miguel Huertas, actual director del comando de personal del Ejército Nacional. También se menciona la posible participación de un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.
La investigación generó un inmediato impacto mediático y político. Distintos sectores reclamaron claridad, mientras que voces en el Congreso solicitaron que las autoridades judiciales avancen con celeridad en las verificaciones correspondientes.
Para varios analistas, estas denuncias exigen un esclarecimiento profundo, ya que comprometen la credibilidad y transparencia de instituciones clave para la seguridad del país.
En medio de este ambiente de tensión surgió también la reacción de Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y figura histórica del debate público nacional. A través de una publicación en redes sociales, Betancourt solicitó que el Congreso de la República investigue penalmente al presidente Gustavo Petro por presunta traición a la patria.
Además, pidió a la Corte Suprema de Justicia intervenir de manera urgente y exigió a la Fuerza Pública no acatar instrucciones que, según ella, podrían provenir de personas vinculadas a actividades criminales. Su mensaje provocó un intenso intercambio político y reavivó el debate sobre la legitimidad institucional.
El congreso de la república debe enjuiciar a Petro ya. Traición a la patria es el máximo delito de un presidente. Los congresistas prevarican al no hacerlo. Corte Suprema de Justicia debe actuar ya. Nuestra democracia está en máximo peligro. Nuestro ejército debe abstenerse de…
— Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) November 24, 2025
Aunque el Gobierno no ha entregado una respuesta detallada sobre todos los señalamientos, varios de sus voceros han desestimado las críticas, afirmando que se trata de ataques políticos sin fundamento. Sin embargo, la presión pública ha crecido y diversos sectores esperan pronunciamientos oficiales más amplios que permitan aclarar los hechos.
Colombia enfrenta un panorama político marcado por profundas divisiones. Las denuncias sobre infiltración criminal en el Estado, las posiciones de los precandidatos y las advertencias de figuras públicas han puesto la defensa de la democracia en el centro del debate. Mientras avanzan las investigaciones, el país sigue pendiente de respuestas que permitan despejar dudas y mantener la confianza en las instituciones.
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