En Colombia, hablar de la Universidad Nacional es hablar de un espejo roto: la casa que debería reflejar excelencia académica y formación de ciudadanos libres se ha convertido, en demasiadas ocasiones, en escenario de violencia, ilegalidad y desgobierno.
¿Cuántas veces más hay que esperar? ¿Cuántos heridos deben contarse y cuántos semestres tienen que cancelarse para que, de una vez por todas, se ponga en cintura a las universidades públicas? La historia se repite: nuestros padres, nuestros abuelos, y ahora las nuevas generaciones han tenido que convivir con la misma enfermedad enquistada en varios campus del país.
Los violentos en la Universidad Nacional
No hablamos de todos los estudiantes, es claro. La mayoría ingresa con ilusión, esfuerzo y entusiasmo, buscando aprender, investigar y aportar a Colombia. Pero esa mayoría silenciosa es la que resulta más perjudicada cuando los violentos se adueñan del campus bajo el argumento de que la fuerza pública no puede ingresar. Se creen los dueños de la universidad, mientras los verdaderos estudiantes quedan secuestrados en un ambiente de miedo y frustración.
Las evidencias son públicas: células urbanas de grupos armados operan en las instalaciones; algunos estudiantes llevan más de diez años en pregrados que deberían haberse terminado hace mucho tiempo; el microtráfico circula con normalidad; y la universidad se convierte en un espacio donde impera la ilegalidad. Todo esto ocurre bajo el escudo de una autonomía universitaria mal entendida, que ha terminado siendo sinónimo de impunidad.
El debate no es ideológico, como algunos pretenden disfrazarlo. No se trata de izquierda o derecha. Se trata de proteger a la comunidad universitaria que quiere estudiar, investigar y aportar al país, frente a quienes utilizan las aulas como trincheras. Si el Estado no actúa con firmeza, la Universidad Nacional y otros campus públicos seguirán condenando a los buenos estudiantes a huir, mientras los violentos se quedan, cómodos y protegidos, sembrando el caos.
