A una semana de que termine la legislatura y en medio de un ambiente legislativo cada vez más tenso, el Gobierno dio un giro en su estrategia para salvar la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Ejecutivo estaría dispuesto a modificar dos de los impuestos que más resistencia han generado desde septiembre: el gravamen al consumo de bebidas alcohólicas, en especial a la cerveza, y el componente del impuesto al carbono que adiciona $100 al precio de la gasolina.
Panorama general: La propuesta, expuesta por Ávila en una columna dominical, busca abrir una nueva ventana de negociación para asegurar la aprobación de la ley de financiamiento, con la que el Gobierno aspira a recaudar $16,3 billones y cubrir parte del Presupuesto General de 2026. El panorama, sin embargo, sigue siendo incierto. Las comisiones económicas no han definido el rumbo del proyecto y los votos en contra amenazan con hundirlo: serían 11 en las comisiones terceras y nueve en las cuartas.
Si la iniciativa no supera esta etapa en los próximos días, su discusión tendría que continuar en sesiones extraordinarias convocadas a mitad de mes.
Los impuestos a la cerveza y al carbono han sido algunos de los puntos más sensibles de la reforma. La posibilidad de modificarlos abre un respiro en un debate marcado por intensas críticas en el Congreso. Pero no son los únicos elementos controvertidos. También han generado rechazo los nuevos tributos planteados para el sector financiero y la ampliación de la base gravable del impuesto al patrimonio.
Reforma tributaria: el Gobierno replantea impuestos para salvar la ley de financiamiento 2026
Sobre el caso del sistema financiero, Ávila defendió que es uno de los sectores que menos tributa en comparación con otras actividades económicas: su tasa efectiva ronda el 17%, mientras que comunicaciones, industria y agricultura pagan entre 26% y 28%. Además, recordó que las utilidades del sector siguen creciendo. Entre enero y septiembre de este año sumaron $111,4 billones, frente a los $95,2 billones del mismo periodo del año pasado.
Respecto al impuesto al patrimonio, el ministro recalcó que la reforma no afectaría a la clase media ni a los pequeños empresarios.
Por qué es importante: En su explicación, Ávila detalló cuáles serían los principales rubros de recaudo. Solo el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco generaría alrededor de $3 billones. El tributo al patrimonio, aplicado a fortunas superiores a $2.600 millones, aportaría $2,2 billones, con un mayor peso de quienes poseen patrimonios superiores a $6.200 millones.
Una tercera fuente importante serían los impuestos a personas jurídicas, con mayores cargas para instituciones financieras y empresas del sector carbón, que aportarían cerca de $1,3 billones. En total, estos tres componentes representarían aproximadamente $6,5 billones.
La discusión en el Congreso sufrió un nuevo revés la semana pasada, cuando se rompió el quórum durante la sesión de votación. El hecho desató suspicacias. La representante Katherine Miranda advirtió que la dilación podría ser una estrategia para justificar un estado de emergencia económica y aprobar la reforma por decreto.
“La Corte Constitucional ha sido clara en que esta figura solo es válida ante hechos externos e imprevisibles, no para enfrentar derrotas políticas ni corregir problemas fiscales”, señaló la congresista.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo coincidió en que recurrir a esta vía sería injustificado. Afirmó que no existe un hecho excepcional que permita activar una emergencia y cuestionó que el Gobierno llegue a este punto sin haber hecho recortes serios al gasto público. Según dijo, incluso la propia reforma no alcanza a cerrar por completo el déficit fiscal del país.
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