¿Cuál es el contexto?: La Agencia Nacional de Tierras (ANT) encendió el debate público tras emitir una medida excepcional que modifica su calendario laboral ordinario. A través de la Resolución No. 202660000412476, la entidad determinó como jornadas laborables los sábados 27 de junio y 4 de julio, sumando además el lunes festivo 29 de junio de 2026. El propósito exclusivo de esta directriz es desatacar y agilizar los trámites de gestión contractual y actuaciones administrativas para consolidar cerca de 5.000 millonarios contratos antes del cierre del periodo gubernamental.
La orden, que lleva la firma de la Secretaría General de la institución, ha despertado suspicacias en diversos sectores políticos y de control debido a la proximidad del cambio de mandato del presidente Gustavo Petro. Mientras la oposición cuestiona los tiempos y la planeación del gasto, la jefatura de la ANT defiende la legalidad y necesidad técnica de la disposición.
Las razones jurídicas detrás de los nuevos días hábiles para la Agencia Nacional de Tierras contratos
Desde la perspectiva institucional, las directivas de la entidad argumentaron en el documento oficial que esta ampliación de la jornada no obedece a fallas tecnológicas ni a colapsos en la plataforma estatal SECOP II. Por el contrario, se estructuró como una estrategia de contingencia organizacional ante el histórico volumen de expedientes acumulados que requieren firmas y aprobaciones presupuestales inmediatas.
«Se trata de una medida adecuada y proporcional para asegurar la adecuada gestión de los procesos de selección y el cumplimiento oportuno de sus funciones, especialmente en escenarios de alta carga administrativa», reza el acto administrativo emitido por la ANT.
A pesar de las justificaciones operativas de la dirección de la agencia, las reacciones de los fiscalizadores y expertos en contratación estatal no se hicieron esperar. Comunicadores y analistas del sector público cuestionaron si la habilitación de días no laborales responde a una verdadera urgencia institucional o si expone una falta de planeación severa, traduciéndose en una «normalización» de la contratación masiva de última hora.
El punto de mayor tensión lo introdujo Indalecio Dangond, integrante del equipo de empalme de la nueva administración entrante. Dangond elevó un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que adelanten una auditoría exhaustiva de manera prioritaria. De acuerdo con el delegado, un proceso de firmas express ejecutado a puerta cerrada durante fines de semana y puentes festivos podría prestarse para irregularidades administrativas, incluyendo el riesgo potencial de alteración o pérdida de documentación pública de alto valor.
Mientras los entes de control evalúan si abren indagaciones preliminares sobre esta maratónica jornada, la Agencia Nacional de Tierras avanza a paso firme en sus oficinas para evacuar las miles de órdenes de prestación de servicios y convenios de cara al segundo semestre del año, bajo el argumento de que paralizar la operación administrativa afectaría de manera directa los programas rurales y de formalización en el país.
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