El hecho: La Secretaría de Salud de Antioquia alertó que las deudas de las EPS intervenidas superan los 7 billones de pesos.
¿Por qué es importante? Porque el incremento de la cartera está afectando la estabilidad financiera de hospitales y clínicas del departamento.
¿Cuál es el contexto? Las EPS intervenidas concentran una parte significativa de los afiliados al sistema de salud en Antioquia y han registrado un aumento sostenido en sus deudas durante los últimos años.
¿A quiénes afecta y cómo? A los pacientes, hospitales y trabajadores de la salud, debido a las dificultades para garantizar servicios oportunos y sostenibles.
El dato que no se puede perder: Entre 2022 y 2026 se reportó el cierre de 1.787 servicios de salud en Antioquia, mientras las deudas de las EPS intervenidas superaron los 7 billones de pesos.
La crisis que atraviesa el sistema de salud en Antioquia sigue profundizándose, la Secretaría de Salud e Inclusión Social del departamento advirtió que las intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional a varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) han derivado en un incremento de las deudas con la red hospitalaria, dificultades en la atención de los usuarios y un deterioro financiero que afecta tanto a instituciones públicas como privadas.
Crisis de salud en Antioquia por deudas de EPS
Según la entidad, una parte importante de la población antioqueña depende actualmente de EPS que se encuentran bajo intervención. Entre ellas figuran Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud, que en conjunto agrupan a millones de afiliados en el departamento.
Las cifras presentadas por la administración departamental muestran un crecimiento significativo de las obligaciones financieras de estas entidades con los prestadores de servicios de salud. De acuerdo con los registros citados por la Secretaría, la cartera acumulada pasó de cerca de 1,8 billones de pesos en 2022 a más de 7 billones de pesos en 2026.
El mayor incremento corresponde a Nueva EPS, cuya deuda habría pasado de 1,1 billones de pesos a 4,6 billones durante el período analizado. En el caso de Savia Salud, la cartera se elevó de aproximadamente 700 mil millones a 1,9 billones de pesos, mientras que Coosalud registró un crecimiento que la llevó de 66 mil millones a cerca de 500 mil millones de pesos.
Para la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, esta situación ha tenido consecuencias directas sobre la capacidad de respuesta de los hospitales y clínicas del departamento. La funcionaria sostuvo que el aumento de las obligaciones financieras ha generado presiones económicas que dificultan la prestación de servicios y afectan la atención de los pacientes.
Uno de los impactos más visibles ha sido la reducción de la oferta hospitalaria. Según los datos entregados por la administración departamental, entre 2022 y 2026 se produjo el cierre definitivo de 1.787 servicios de salud, una situación que ha generado especial preocupación en áreas sensibles como la atención pediátrica y materna.
A esto se suma la creciente congestión en los servicios de urgencias. La Secretaría reportó que la ocupación promedio de estas áreas alcanza actualmente el 126 %, mientras que algunos centros asistenciales registran niveles superiores al 250 %, lo que complica la capacidad de respuesta frente a emergencias y consultas prioritarias.
Las dificultades también se reflejan en los tiempos de remisión de pacientes. Mientras hace algunos años los traslados a instituciones especializadas podían concretarse en lapsos relativamente cortos, hoy los procesos pueden tardar varios días debido a las limitaciones operativas y administrativas que enfrentan las EPS.
Frente a este panorama, la Gobernación de Antioquia aseguró que ha destinado recursos para fortalecer la red hospitalaria pública. De acuerdo con el balance entregado por la administración departamental, desde 2022 se han invertido 445 mil millones de pesos en infraestructura, dotación y fortalecimiento institucional de hospitales.
Además, se han impulsado programas orientados a ampliar la cobertura de atención en zonas apartadas y mecanismos financieros para apoyar la estabilidad económica de los hospitales públicos. Entre estas iniciativas se encuentra una línea de crédito especial dirigida al sector salud con el propósito de aliviar problemas de liquidez y garantizar la continuidad de los servicios.
Las autoridades departamentales insistieron en que el desafío requiere acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno para evitar que la situación continúe afectando a los usuarios del sistema y comprometa la sostenibilidad de la red hospitalaria.