Basta con subirse a un avión y mirar por la ventanilla. Sobre el Chocó, el Bajo Cauca antioqueño o el sur de Bolívar, el verde de la selva se interrumpe con manchas de tierra amarilla, pozos de agua turbia, ríos color café y maquinaria pesada por todas partes. Ni siquiera hace falta volar: cualquiera puede abrir Google Maps en vista satelital sobre Nóvita, Río Quito o El Bagre y ver lo mismo. Lo que aparece tiene de todo menos de paisaje. Es la huella de la minería ilegal en Colombia, y crece cada año.
Este lunes, el presidente Abelardo de la Espriella activó en Valledupar la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, con base en Aguachica, para perseguir al ELN y a sus economías ilícitas en el sur del Cesar, el Magdalena Medio y el Catatumbo, desde el robo de combustible hasta la minería ilegal. Es una buena noticia, y lo es también porque devuelve una herramienta que nunca debió desaparecer. En noviembre de 2024, por impulso del entonces comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, se suprimieron las fuerzas de tarea conjuntas Omega, Titán, Hércules, Marte y Quirón. Se dijo que era una reorganización administrativa, pero en la práctica cada fuerza volvió a operar por su lado frente a enemigos que no distinguen entre tierra, río y aire.
Las cifras de una herida abierta
Los números oficiales no dejan espacio para la duda. Según el monitoreo más reciente del Ministerio de Minas y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2025 había 118.410 hectáreas con explotación de oro de aluvión, un 4,5% más que el año anterior y el tercer año seguido de aumento. De esa superficie, el 75% es ilícita. Casi la mitad, 58.216 hectáreas, está en zonas donde la minería está prohibida, como la Reserva Forestal del Pacífico, y dentro de los Parques Nacionales Naturales la explotación creció 153% entre 2023 y 2025.
El mapa del daño tiene nombres propios. Chocó, con 41.493 hectáreas ilícitas, ya supera a Antioquia, que suma 24.282, y a Bolívar. Diez municipios concentran más de la mitad: Nóvita, El Cantón de San Pablo, Río Quito, Istmina y Quibdó, en Chocó; Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza, en Antioquia, y Ayapel, en Córdoba. Además, el monitoreo detectó 215 puntos de alerta sobre 11 ríos de la Amazonía, cerca de 64 resguardos indígenas.
Mientras tanto, la minería legal es casi una excepción. Según la Agencia Nacional de Minería, apenas alrededor del 5% del territorio tiene títulos mineros, y solo cerca del 1% está en etapa de explotación. El resto del oro sale de donde no debería.
No son rebeldes, son empresarios del crimen
Conviene llamar las cosas por su nombre. El mismo informe oficial encontró que en el 85,6% de los municipios con explotación de oro de aluvión hay presencia de al menos un grupo armado ilegal, y que 79 de esos 118 municipios también registran cultivos de coca. El ELN, el Clan del Golfo y las disidencias no tienen nada de ideología ni de lucha política. Son organizaciones criminales con un portafolio diversificado: cocaína, extorsión, robo de combustible y oro.
Y el oro paga muy bien. Un informe de inteligencia conocido este año estimó que la minería ilegal habría generado cerca de 8.414 millones de dólares en 2025, más que el narcotráfico. Ese oro no se queda escondido en la selva: se blanquea a través de comercializadoras, cooperativas y exportaciones con papeles en regla. Ahí están las mafias enquistadas a las que muy pocos se atreven a meterles la mano.
«Cada hectárea de selva convertida en un hueco amarillo es una victoria de las mafias y una derrota del Estado.»
Un daño que no tiene reversa
El problema no es solo que no paguen impuestos, aunque también lo es. El problema es que destruyen lo que no tiene reemplazo. La minería ilegal trata a los ríos como quien pesca con dinamita: arrasa con todo para quedarse con una parte. Las dragas remueven los lechos, la maquinaria tumba la selva y el mercurio envenena el agua, los peces y a las comunidades que se alimentan de ellos. Según la Procuraduría, Colombia es el mayor emisor de mercurio per cápita del mundo, a pesar de que la Ley 1658 prohibió su uso en la minería desde 2018. Y el río Atrato, que la Corte Constitucional declaró sujeto de derechos en 2016, sigue esperando que esa sentencia se cumpla.
Lo que el país necesita ahora
La Fuerza de Tarea Urano es un buen comienzo, pero el corazón del problema minero está en el Pacífico, en el Bajo Cauca y en la Amazonía. Por eso hacemos un llamado concreto al Gobierno y a las autoridades.
Primero, crear fuerzas de tarea conjuntas dedicadas a la minería criminal en esas regiones, con Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial y Policía bajo un solo mando. Segundo, seguir el dinero: trazabilidad obligatoria del oro desde la mina hasta el puerto, control real sobre las comercializadoras y extinción de dominio a los bienes de las mafias, como la que el Ministerio de Minas anunció junto con la Fiscalía.
Tercero, judicializar la minería criminal como lo que es, crimen organizado. En el primer trimestre de este año las capturas por minería ilegal cayeron un 20%, y muchos detenidos terminan respondiendo solo por delitos ambientales. Cuarto, cortar los insumos. El combustible, el mercurio y la maquinaria amarilla no llegan a la selva por arte de magia, y aun así la incautación de combustible cayó un 28%.
Quinto, distinguir al minero tradicional que quiere trabajar en la legalidad del criminal que lo explota. Formalizar al primero es tan importante como perseguir al segundo.
Colombia no puede seguir mirando desde la ventanilla cómo se le va la selva por un hueco amarillo. Es hora de que el Estado recupere el terreno, y esta vez en sentido literal.
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