Una reciente resolución del Ministerio de Agricultura, firmada el 26 de diciembre, ha desatado un acalorado debate en Colombia, especialmente en el suroeste de Antioquia. La medida, que establece Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, ha generado incertidumbre en varios sectores económicos clave, tales como la floricultura, la ganadería y el turismo.
La Resolución del Ministerio de Agricultura sobre Áreas de Protección para la Producción de Alimentos: Desafíos y Oportunidades para la Agricultura en Colombia
Si bien el objetivo oficial del gobierno es garantizar la seguridad alimentaria del país, los opositores han calificado esta resolución como una amenaza a la propiedad privada y un paso hacia una posible «expropiación agraria».
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, defendió la resolución en una reciente intervención en Mañanas Blu, donde explicó que la medida busca establecer «áreas protegidas para la producción de alimentos» como parte de la estrategia del gobierno para combatir el hambre y promover una producción agrícola más sostenible.
La resolución afecta inicialmente a 250,000 hectáreas ubicadas en 23 municipios del suroeste antioqueño, aunque el gobierno planea expandir estas Áreas de Protección a otras regiones del país, como la Sabana de Bogotá, La Guajira, Tolima, Cauca, Putumayo, Llanos Orientales, Córdoba y Santander.
Este amplio alcance ha generado preocupaciones en diversas comunidades rurales y empresarios que temen que esta medida limite su capacidad de uso de la tierra.
Los sectores más críticos de la resolución incluyen a floricultores y ganaderos, quienes temen que las restricciones impuestas a las tierras de alto potencial agrícola puedan afectar la rentabilidad de sus negocios. La región suroeste antioqueña, conocida por su producción de flores y ganado, es especialmente vulnerable ante esta medida, ya que muchos propietarios de tierras temen que su uso actual se vea restringido por la resolución.
¿Qué implica la resolución para los propietarios?
Uno de los puntos más controvertidos de la resolución es la falta de claridad en cuanto a las consecuencias que enfrentarán aquellos propietarios que no deseen dedicar sus tierras a la producción de alimentos.
Aunque la ministra Carvajalino aclaró que la resolución no obliga a los propietarios a cambiar el uso de sus tierras, los detalles sobre las sanciones o medidas punitivas para quienes no cumplan con los lineamientos establecidos por el gobierno son escasos.
Otro aspecto que ha generado inquietud es el proceso de selección de las 250,000 hectáreas afectadas en Antioquia y otras regiones. Aunque se menciona que las decisiones se basaron en factores agrológicos, no se han dado detalles específicos sobre cómo se determinaron estas áreas ni qué criterios se utilizaron para seleccionarlas.
Este vacío de información ha dejado abierta la posibilidad de que se prioricen ciertas actividades económicas sobre otras sin una justificación clara.
El Ministerio de Agricultura ha tratado de tranquilizar a los sectores afectados, asegurando que la resolución se encuentra abierta a comentarios y sugerencias.
Según la ministra Carvajalino, la resolución fue publicada para recibir observaciones del público el 4 de noviembre, y el ministerio respondió a 51 comentarios antes de firmar la medida en diciembre. No obstante, muchos de los actores económicos siguen demandando más claridad sobre los criterios de implementación y los impactos reales de la medida.
¿Un paso hacia la seguridad alimentaria o una amenaza a la propiedad?
El debate sobre la resolución se ha intensificado en las últimas semanas, con algunos políticos y analistas señalando que la medida podría ser un paso positivo hacia una agricultura más sostenible y una mayor seguridad alimentaria para el país.
Por otro lado, los opositores argumentan que la medida podría socavar la libertad económica y los derechos de propiedad de los ciudadanos, especialmente en regiones donde la producción agrícola no está necesariamente orientada hacia el cultivo de alimentos básicos.
La resolución también ha abierto un espacio de discusión sobre la priorización de la producción de alimentos sobre otras actividades económicas en suelos de alta vocación agrícola. Aunque se citan leyes anteriores que abogan por la protección de estos suelos, muchos se preguntan si el marco legal actual justifica la intervención directa del gobierno en la gestión de tierras privadas.
Lea también: Incremento en el precio de los arriendos en Colombia 2025: ¿cómo impactará a los hogares?
