El fracking en Colombia se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la agenda energética nacional. Lo que antes parecía un debate técnico sobre riesgos ambientales y competitividad, hoy es un pulso político y económico que definirá el futuro de la matriz energética del país. Con reservas probadas de gas que apenas alcanzan para seis años y un aumento sostenido en las importaciones a precios internacionales, la discusión ya no es académica: se refleja en cada factura que llega a los hogares y en los costos crecientes que enfrentan las industrias.
En las últimas semanas, el Ministerio de Ambiente radicó un proyecto de ley con mensaje de urgencia para prohibir de manera definitiva el fracking en Colombia y cualquier técnica asociada a yacimientos no convencionales.
La iniciativa busca blindar al país de los riesgos ambientales y sociales que esta técnica ha generado en otros territorios, pero también abre interrogantes sobre la viabilidad económica de depender exclusivamente de importaciones y sobre la falta de un plan concreto de transición que reemplace los ingresos por regalías y la autosuficiencia energética.
El debate nacional ocurre en un contexto global muy distinto. Lejos de disminuir, la demanda de hidrocarburos continúa en ascenso. La OPEP proyecta un aumento del 24 % en la demanda total de energía para 2050, con un consumo de petróleo que superará los 120 millones de barriles por día. El Foro de Países Exportadores de Gas estima que la demanda mundial de gas natural alcanzará los 5.360 mil millones de metros cúbicos en 2050, un 34 % más que en 2022.
Buena parte de esta expansión está impulsada por China e India, cuyos sectores industrial y doméstico dependen cada vez más del gas natural. Estos datos contradicen la idea de que los hidrocarburos desaparecerán en el corto plazo y confirman que seguirán siendo un pilar de la seguridad energética mundial.
Fracking en Colombia vs. Otros países del mundo
La producción por fracking es ya el motor de ese crecimiento. En Estados Unidos, dos tercios del petróleo producido en 2022 provinieron de yacimientos no convencionales, cuando hace apenas dos décadas eran menos del 7 %. Hoy, más de la mitad de su producción total de crudo se obtiene mediante fracturación hidráulica, y para 2025 se espera que alcance un récord de 13,59 millones de barriles diarios.
Ese impulso convirtió al país en el principal exportador mundial de gas natural licuado (GNL), con 91,2 millones de toneladas exportadas en 2023, superando a Qatar y Australia. Hace veinte años Estados Unidos era importador neto de gas; hoy, gracias al fracking, es un actor dominante en los mercados internacionales.
El fracking ofrece una oportunidad irrepetible para financiar el desarrollo y reducir la pobreza.
Por Juan Benavides.
Colombia enfrenta una crisis en sus reservas de gas natural, que se han reducido a menos de la mitad en la última década, mientras los precios internos se… pic.twitter.com/6Ceh7kU9Rk
— Sergio Cabrales (@SergioCabrales) August 17, 2025
América Latina ofrece un contraste que debería llamar la atención en Colombia. Argentina inició al mismo tiempo que nuestro país sus exploraciones en fracking, pero mientras aquí el debate quedó atrapado en tribunales y discursos políticos, Vaca Muerta se consolidó como uno de los mayores polos de producción no convencional del mundo. Solo en 2024 produjo 717.000 barriles diarios, equivalentes al 54,9 % del crudo argentino y al 50,1 % del gas.
En Neuquén, las regalías de esta producción representan cerca del 45 % de los ingresos provinciales, y proyecciones de consultoras como Rystad Energy estiman que Argentina superará los 5.473 millones de dólares en exportaciones petroleras en 2025. El contraste con Colombia es evidente: mientras Argentina capitaliza sus recursos, aquí la discusión sigue en un terreno especulativo.
México también empieza a mover ficha. Con reservas estimadas en 64.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en yacimientos de geología compleja, Pemex anunció que a finales de 2025 pondrá en marcha dos pilotos de fracking, con una expectativa de éxito comercial de hasta 90 %. La apuesta apunta a revertir la caída sostenida de la producción mexicana. En otras palabras, mientras vecinos avanzan hacia una producción competitiva, Colombia se aísla con un debate sin evidencia propia.
En paralelo, la situación interna se agrava. Datos revelados por Juan Benavides en Contexto, explican que en los últimos once años las reservas probadas de gas en Colombia se redujeron a menos de la mitad, al pasar de 5.727 giga pies cúbicos en 2012 a 2.373 en 2023. Esta caída ha generado un desbalance estructural entre oferta y demanda que disparó el precio del gas de 4,5 dólares por millón de BTU entre 2015–2022 a más de 10 dólares en 2024.
Proyecciones oficiales advierten que hacia finales de 2026 la oferta nacional e importada será insuficiente para cubrir la demanda, con incrementos tarifarios que podrían superar el 90 % en ciudades como Bogotá y Medellín si la matriz depende exclusivamente de gas importado.
El impacto no se limita al bolsillo de los consumidores. La retirada de compañías como ExxonMobil, Shell, Repsol, Chevron y BP evidencia que Colombia dejó de ser un destino atractivo para la inversión en hidrocarburos. La inseguridad jurídica y la incertidumbre regulatoria, sumadas a la falta de una política clara sobre no convencionales, han deteriorado el clima de negocios en el sector. Si no hay inversión en exploración, las reservas seguirán cayendo y la dependencia de importaciones será inevitable.
Consecuencias de prohibir el fracking en Colombia
Las consecuencias de una prohibición total serían profundas. En primer lugar, alejarían la inversión extranjera y abrirían la puerta a litigios internacionales por contratos ya firmados para proyectos piloto. En segundo lugar, pondrían en jaque el abastecimiento energético a partir de 2027, cuando el país podría depender casi por completo del gas importado. En tercer lugar, condenarían a Colombia a pagar precios internacionales muy superiores a los locales, en detrimento de su competitividad industrial.
Los defensores de la prohibición insisten en los riesgos ambientales. Argumentan que el fracking amenaza los acuíferos, incrementa la sismicidad inducida y eleva las emisiones fugitivas de metano.
No obstante, la evidencia internacional muestra que la industria ha avanzado en tecnologías de mitigación: perforación direccional de precisión, cementaciones reforzadas, reutilización de aguas de retorno, fluidos alternativos y monitoreo en tiempo real. En Estados Unidos y Argentina, cada pozo es auditado por sistemas independientes que permiten controlar riesgos con altos estándares.
El debate, en realidad, no es entre blanco y negro. Colombia necesita decidir con base en evidencia propia, no en prejuicios ni en experiencias ajenas. La estrategia más sensata sería habilitar proyectos piloto bajo la supervisión más estricta, con participación activa de comunidades y con un destino claro para los ingresos: financiar la transición energética. Un Fondo de Transición Energética, nutrido con regalías de fracking, permitiría acelerar el despliegue de renovables y asegurar que los recursos de hoy se conviertan en inversiones para el futuro.
El proyecto de prohibición de fracking en Colombia radicado en el Congreso, no responde a estas preguntas clave: ¿cómo reemplazar los ingresos de regalías?, ¿cómo garantizar la seguridad energética?, ¿cómo sostener la competitividad industrial? Prohibir sin alternativas no es precaución: es un salto al vacío.
En el fondo, la decisión sobre el fracking en Colombia no es solo ambiental ni energética: es una elección de política pública sobre qué tipo de país queremos ser. Apostar por la prohibición absoluta sin plan alternativo sería condenar al país a mayor dependencia externa y a un deterioro de su competitividad. Apostar por un fracking regulado, con controles estrictos y una destinación clara de recursos hacia la transición, puede ser la oportunidad de financiar el cambio sin poner en riesgo la seguridad energética.
