La Procuraduría General de la Nación ha iniciado un proceso disciplinario contra el alcalde de Caldas, Antioquia, Jorge Mario Rendón Vélez, y nueve concejales del municipio, por presuntas irregularidades en la modificación del presupuesto general para el año 2024.
Los funcionarios involucrados son Luis Hernando Yepes Torres, Yenifer Restrepo Henao, Juan Camilo Baena Ramírez, James Andrés Arango Valencia, Jaime Bedoya Castaño, Ángela María Espinosa Castro, Jonathan Hurtado Betancur, Jhon Fredy Jiménez Granados y Sebastián Querubín Loaiza.
Según el ente de control, los implicados habrían actuado en contravención de las normas al aprobar y sancionar el Acuerdo 001 de 2024, que modificó el presupuesto municipal previamente aprobado en 2023.
La Procuraduría considera que esta conducta podría constituir una falta grave, cometida con dolo, y que tuvo un impacto social significativo.
Además, señala que los funcionarios estaban advertidos sobre la posible violación de normas constitucionales y legales, y que la presunta falta se cometió con la intervención de otros servidores públicos.
En Colombia, la modificación de los presupuestos municipales está sujeta a regulaciones estrictas. El principio de legalidad establece que las modificaciones al presupuesto de gastos aprobados por el cuerpo colegiado solo pueden ser realizadas por el mismo órgano que lo autorizado originalmente.
Es decir, las modificaciones al presupuesto están algunas al principio según el cual las cosas se deshacen como se hacen. Ello quiere decir que la composición del gasto aprobada por el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales solo pueden ser aumentadas o modificadas por dichos cuerpos colegiados.
La Procuraduría ha ordenado también remitir copias del expediente a la Contraloría General de Antioquia para que investigue posibles irregularidades de orden fiscal derivadas de estas actuaciones.
Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia y la legalidad en la gestión de los recursos públicos a nivel municipal. Las autoridades locales tienen la responsabilidad de administrar los fondos públicos de acuerdo con las normas establecidas, y cualquier desviación puede tener consecuencias legales y disciplinarias.
La Procuraduría General de la Nación ha sido enfática en la necesidad de que los funcionarios públicos actúen con integridad y respeto por la ley.
En casos anteriores, el ente de control ha formulado pliegos de cargos contra otros funcionarios municipales por presuntas irregularidades en la gestión de recursos y en la ejecución de sus funciones.
Por ejemplo, en noviembre de 2024, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra la exalcaldesa de Hispania, Antioquia, Leidy Johana Cardona Rueda, por su responsabilidad en la no realización de los procesos de planeación, ejecución y evaluación de políticas en materia de gestión de riesgos, incendios y desastres durante su mandato.
Irregularidades en presupuesto: Procuraduría investiga al alcalde de Caldas
En el caso de Caldas, Antioquia, la Procuraduría evaluará si la modificación del presupuesto municipal se realizó en contravención de las normas legales y constitucionales.
Es fundamental que los concejos municipales y los alcaldes respeten el marco legal vigente al realizar modificaciones presupuestales, ya que cualquier alteración indebida puede afectar la prestación de servicios públicos y la ejecución de proyectos en beneficio de la comunidad.
La Constitución Política de Colombia y las leyes orgánicas del presupuesto establecen claramente las competencias y procedimientos para la aprobación y modificación de los presupuestos municipales.
El artículo 313 de la Constitución señala que corresponde a los concejos municipales «adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas» y «autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al concejo».
Sin embargo, esta delegación de funciones debe realizarse dentro de los límites legales y con el debido respeto al principio de legalidad.
La Procuraduría General de la Nación comenzará con el proceso disciplinario para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados y establecer las sanciones correspondientes en caso de encontrarse mérito para ello.
Este tipo de actuaciones buscan garantizar la correcta administración de los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Es importante que la comunidad se mantenga informada sobre el desarrollo de este caso y que las autoridades locales refuercen sus prácticas de transparencia y rendición de cuentas.
La participación ciudadana y la vigilancia de la gestión pública son fundamentales para prevenir y detectar posibles irregularidades en la administración municipal.
En conclusión, la formulación de pliegos de cargos contra el alcalde y los concejales de Caldas, Antioquia, por parte de la Procuraduría General de la Nación, subraya la relevancia de la legalidad y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Este caso servirá como precedente para futuras actuaciones y como recordatorio de las responsabilidades que conllevan los cargos públicos.
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