El empresario vasco Joseba Grajales, presidente del Grupo Keralty y dueño de la EPS Sanitas, quedó en el centro del huracán político luego de que el 15 de julio el presidente Gustavo Petro lo señalara en cadena nacional como “un criminal que debe irse de Colombia”, al referirse sobre las deudas del sistema de salud.
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Tras el ataque, Grajales anunció una denuncia penal contra el mandatario y varios funcionarios, marcando un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y una de las organizaciones sanitarias más grandes del país.
Petro acusa a Joseba Grajales de “criminal” y agita la crisis de las EPS
En su alocución del 15 de julio, Petro reveló que las EPS adeudan 32,9 billones de pesos y destacó que Salud Total, Sura y Coosalud lideran el pasivo; acto seguido arremetió contra Keralty y su propietario.
“Está prohibido financiar campañas con dineros extranjeros”, lanzó el jefe de Estado, recordando que la Contraloría advirtió que solo 6 de las 29 EPS cumplen con los requisitos financieros mínimos. La dureza del discurso se produce pocas semanas después de que la Corte Constitucional revocara la intervención de Sanitas pero confirmara su delicada situación patrimonial.
El enfrentamiento no es nuevo. Petro ya había increpado a Grajales el Día del Trabajo de 2024 —“deje de engañar a sus afiliados”— durante una marcha en la Plaza de Bolívar, preludio de la actual ruptura.
Con la reforma a la salud hundida en el Congreso, el Gobierno intenta proyectar mano dura frente a lo que llama “aprovechamiento privado” de los recursos públicos.
La respuesta de Keralty: denuncia penal y ofensiva internacional
Horas después del discurso, Joseba Grajales publicó un comunicado calificando las palabras del presidente de “campaña sistemática de desinformación” y anunció una denuncia penal por injuria y calumnia contra Petro y los funcionarios que, según él, “han difundido mentiras” sobre la compañía.
El grupo recordó que ya cursa una acción ante el Ciadi en la que exige US$1.200 millones por “expropiación indirecta” tras la intervención administrativa de Sanitas en 2024.
Keralty sostiene que la intervención dejó a la EPS “devastada”, sin liquidez ni reservas técnicas, y acusa al Ejecutivo de utilizar la Superintendencia de Salud con fines políticos. La Superintendencia, por su parte, prorrogó la medida de vigilancia un año más argumentando persistencia de las fallas financieras y asistenciales.
Keralty se pronunció tras declaraciones de @petrogustavo y dijo que habrá denuncias contra el presidente ante tribunales nacionales e internacionales. https://t.co/nB7P88I6xs pic.twitter.com/qxYVi4GL9E
— 360 Radio (@360RadioCo) July 16, 2025
Quién es Joseba Grajales y cómo llegó a la cima de Keralty
Nacido en Álava en 1959, Joseba Grajales comenzó su carrera en la industria eléctrica, donde vendió empresas y amasó un capital que la prensa económica cifra hoy en unos €225 millones.
En 1995 se vinculó a Colsanitas —entonces una aseguradora médica emergente en Bogotá— y a partir de 2016 asumió la presidencia de la junta directiva del ya rebautizado Grupo Keralty.
Bajo su liderazgo, el conglomerado adoptó un modelo de integración vertical: aseguramiento (EPS y medicina prepagada), red hospitalaria propia, universidades de ciencias de la salud y plataformas tecnológicas de historia clínica. Este esquema, inspirado en el managed care estadounidense, permite a Keralty controlar toda la cadena de valor y captar eficiencias que compite con las mayores prestadoras públicas de la región.
Estructura accionaria y poder de decisión
El 61,03 % de Keralty pertenece a Centauro Capital SL y otro 38,96 % a Natanor XXI SLU, sociedades españolas que representan los intereses familiares de Grajales; la participación directa del empresario es meramente simbólica.
En Sanitas, en cambio, los títulos se reparten entre Colsanitas, Medisanitas y filiales clínicas, mientras que Keralty S.A.S. mantiene una porción minoritaria que no llega al 0,003 %.
Hoy el grupo presta servicios a siete millones de usuarios, opera 11 hospitales y 74 oficinas en siete países —incluidos EE. UU., Brasil y Filipinas— y emplea a 24.000 personas. Su crecimiento se ha apoyado en adquisiciones de clínicas en Miami y acuerdos académicos para formar médicos que luego contrata, cerrando así el círculo de talento.
Mientras tanto, Keralty insiste en que el Estado debe garantizar estabilidad jurídica para no ahuyentar inversiones extranjeras en infraestructura hospitalaria.
El Gobierno, por su parte, defiende que las EPS respondan por sus pasivos y propone un nuevo modelo sin intermediarios privados, postura que tensará la relación con aseguradores y podría empujar a Grajales a reducir su exposición en Colombia.
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