Contraluz y contrarreloj. Con el reloj legislativo marcando el límite del próximo martes 20 de octubre, el Congreso de la República alista el tramo final del debate sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027. La ponencia para el segundo debate, radicada en las últimas horas, mantiene intacto el monto global del proyecto en $634,9 billones, tal como salió de la primera etapa, pero reordena sustancialmente el tablero de los recursos estatales para responder a urgencias en materia fiscal, energética y operacional.
Si las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes no dan vía libre al documento antes del plazo legal, el articulado que quedará vigente de manera automática será el aprobado en primer debate, sumado a las proposiciones elevadas por los parlamentarios.
Avanza el debate del Presupuesto General de la Nación 2027 en el Congreso
El engranaje central que permitió redistribuir las partidas financieras fue el ajuste en el servicio de la deuda pública nacional. En el primer debate se habían asignado $152,4 billones para este compromiso; sin embargo, en la nueva ponencia la cifra se redujo a $144,1 billones.
Esta reducción de $8,36 billones (equivalente a un tijeretazo del 5,5%) superó las expectativas iniciales, pues la mesa de ponentes y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, habían presupuestado de manera preliminar un recorte de $6 billones.
“Los gastos de funcionamiento y el endeudamiento heredado asfixian la inversión. Sin embargo, un buen reperfilamiento de la deuda y un programa de austeridad permitirán liberar mayores recursos”, explicó el senador Christian Garcés, coordinador ponente del proyecto, al hacer balance de los cambios de último momento.
El reacomodo presupuestal beneficia de forma directa a dos carteras estratégicas del gabinete ejecutivo:
Minas y Energía: Recibirá una adición de $3 billones, orientada a garantizar los subsidios a las tarifas de energía eléctrica, gas por redes y gas licuado de petróleo (GLP), además del transporte de combustibles líquidos en las zonas de frontera. De ratificarse la propuesta, esta cartera pasará de un techo presupuestal de $7,5 billones a $10,51 billones.
Ministerio de Hacienda: La cartera económica sumará $4,5 billones adicionales, divididos en $3,9 billones destinados a proyectos de inversión y $600.000 millones para gastos de funcionamiento. Con este incremento, su presupuesto consolidado trepará de $43,5 billones a $48 billones.
El articulado final también inyecta liquidez en diversos frentes institucionales y de fiscalización:
Organismos de Control: Tendrán una adición neta de $267.000 millones, resultado de sumar $310.000 millones y descontar $43.000 millones a la Procuraduría General de la Nación. Estos recursos financiarán proyectos de analítica, inteligencia artificial, fortalecimiento del seguimiento disciplinario, modernización tecnológica y atención a víctimas.
Información Estadística: Se adicionarían $150.000 millones de inversión al DANE para optimizar la recolección y acopio de información estadística oficial.
Entidades Electorales: La Registraduría Nacional del Estado Civil recibirá $200.000 millones. De esta cifra, $100.000 millones irán al funcionamiento del Consejo Nacional Electoral para reforzar sus labores de control, y los otros $100.000 millones se destinarán a la inversión de la Registraduría para capacitar personal y robustecer el sistema de identificación nacional.
Justicia y Seguridad: La Fiscalía General de la Nación reforzará su capacidad organizacional y operativa con $100.000 millones adicionales, mientras que la Universidad del Ministerio Público obtendrá $43.400 millones. Asimismo, la Policía Nacional sumará $31.000 millones netos para su subsistema de salud, procedentes de traslados desde la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En contraste con las adiciones presupuestales, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición registrará un ajuste a la baja de $170.000 millones ($30.000 millones en funcionamiento y $140.000 millones en inversión), cerrando así el mapa de reasignaciones presupuestales que ahora entra a votación decisiva en el Congreso.