En una carta enviada al Ministerio de Hacienda, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su firme preocupación frente al nuevo proyecto de decreto de retención y autorretención en la fuente para el impuesto sobre la renta.
La organización considera que la propuesta no solo carece de justificación técnica, sino que también podría generar un deterioro en el recaudo efectivo del Estado y agravar la situación financiera de miles de empresas en el país.
Panorama general: Bruce Mac Master, presidente del gremio, advirtió que la medida reproduce errores del pasado, específicamente lo ocurrido con el Decreto 261 de 2023. En aquel entonces, el incremento en las autorretenciones no se tradujo en un aumento real del recaudo, sino en un volumen mayor de saldos a favor, solicitudes de devolución y pagos con títulos emitidos por la Dian, lo que finalmente redujo el ingreso neto tributario para el Estado.
Uno de los puntos más críticos señalados por la Andi es que el decreto obliga a las empresas a pagar anticipadamente impuestos sobre ingresos que aún no se han materializado en caja, es decir, que solo existen en la contabilidad.
En un contexto de altas tasas de interés y restricciones en el acceso al crédito, este tipo de decisiones puede agravar la necesidad de apalancamiento financiero y comprometer la sostenibilidad de muchas compañías, especialmente de aquellas que operan con márgenes ajustados.
“El riesgo es que el empresario se vea forzado a endeudarse para cumplir con estas obligaciones, sin haber recibido aún los ingresos correspondientes. Esto tiene implicaciones serias sobre la liquidez y eleva el costo financiero de operar en Colombia”, señaló el gremio.
La Andi rechaza nuevo decreto de retención por sus riesgos para las empresas y el recaudo
Por qué es importante: Según el análisis de la Andi, el proyecto de decreto propone incrementos significativos en las tarifas de autorretención para más de 270 actividades económicas, con aumentos que van desde el 4% hasta el 218%.
Además, se plantea reducir la base mínima para practicar retenciones por prestación de servicios de 4 a 2 UVT, y elevar la retención por compra de oro de 1% a 2,5%.
Pese a su alcance, el gremio asegura que no existe una modificación en las normas tributarias que justifique este ajuste, ni evidencia de una mejora en la rentabilidad de los sectores afectados.
La Andi instó al Ministerio de Hacienda a reconsiderar el enfoque del decreto y a adoptar una visión más coherente con la realidad empresarial. En su comunicación, sugirió revisar las tarifas propuestas para que reflejen mejor el desempeño financiero real de las empresas, evitando generar distorsiones que perjudiquen tanto al sector privado como a la misma administración tributaria.
“La solución no puede ser aumentar las retenciones a costa del capital de trabajo de las empresas. Eso solo traslada el problema a otro lado y, en el mediano plazo, se traduce en menor inversión, menor generación de empleo y un recaudo que sigue sin mejorar”, concluyó Mac Master.
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