La mesa de negociación para fijar el Aumento del salario mínimo de empleados públicos sigue avanzando sin obtener un acuerdo definitivo. Ni el Ejecutivo ni los sindicatos han llegado a un consenso.
La propuesta gubernamental presentada hace un par de días fue de incrementar el salario así: Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024 + 1,3 %. Esta cifra no alcanza las expectativas de los gremios y sindicatos que representan a los empleados.
Aumento del salario mínimo de empleados públicos: panorama de la negociación
El Gobierno llegó a la mesa con una postura que calificó de “realista” frente al espacio fiscal: IPC + 1,3 %. Esa cifra, vista de forma aislada, representaría un incremento cercano al 6,5 % si se tiene en cuenta el IPC de 2024 (5,2 %).
Sin embargo, el Pliego de Peticiones 2025 radicado el 31 de marzo exige IPC + 5 %, lo que arrojaría un alza del 10,2 %. Apenas conocida la oferta oficial, las centrales obreras —CUT, CTC, CGT, Fecode, Fecotraservipúblicos, Utradec, Únete y Fenaltrase— declararon en un comunicado conjunto que “dicha propuesta no cumple las expectativas de los trabajadores a pesar que es más positiva que la de los gobiernos anteriores”.
Al término de la sesión, los voceros sindicales anunciaron la entrega de una contrapropuesta “para que sea analizada” y recordaron que el diálogo se retomará el martes 29 de abril. “Continuaremos buscando un acuerdo en este punto que beneficie a las trabajadoras y trabajadores del país”, subrayaron ante la prensa.
Qué está en juego más allá del porcentaje del incremento salarial
La discusión no se agota en el número final del aumento del salario mínimo de empleados públicos. El pliego reclama también:
-
Creación de una prima técnica del 40 % sobre el salario básico.
-
Aumento de la bonificación por servicios al 50 % y de la prima de antigüedad en cinco puntos.
-
Pago de horas extras y recargos dominicales mediante un decreto que unifique criterios en todo el Estado.
-
Presentación de un proyecto de ley que restablezca la retroactividad de las cesantías —el punto más costoso para el erario—.
-
Un decreto de garantía presupuestal que obligue a incluir los recursos de cada acuerdo colectivo.
Los negociadores oficiales reconocen la legitimidad de esas aspiraciones, pero insisten en que el ajuste no puede romper la regla fiscal. “Cualquier incremento salarial debe ajustarse al marco fiscal del país”, repiten dentro y fuera de la sala, aunque al mismo tiempo aseguran su “disposición a dialogar” para no frenar la agenda de reformas sociales que el Ejecutivo impulsa en el Congreso.
El compás de espera mantiene en vilo a los trabajadores porque la definición ya se ha alargado varias semanas. Mientras tanto, la Alcaldía de Bogotá se adelantó y decretó un aumento local de IPC + 1,7 % (6,9 %, con los datos del DANE). Si el Gobierno Nacional acuerda un monto superior, la capital ajustará la diferencia, pero su movida elevó la vara simbólica para los negociadores estatales.
Le puede interesar: Los trabajadores en Colombia que podrían pensionarse sin importar su edad
Ese precedente explica la urgencia de las centrales, que ya convocan a sus bases a respaldar la negociación en las calles cuando sea necesario. “Invitamos a todas y todos los compañeros y compañeras a permanecer atentos ante las convocatorias que se realicemos en apoyo a la negociación sindical y la lucha social”, reiteraron las federaciones en su mensaje de cierre de jornada.
Cuando los equipos se sienten de nuevo este martes 29 de abril, tendrán que acortar la brecha de casi cuatro puntos entre oferta y demanda. Los sindicatos parten del mandato de obtener, al menos, IPC + 5 %; el Gobierno necesita no detonar un efecto dominó en otros sectores del presupuesto.
Le puede interesar: ¿Tiene Gustavo Petro antecedentes con drogas?
