La Corte ratificó la decisión que ya había tomado desde el 2 de agosto, cuando desestimó la petición de libertad para el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.
Por: Redacción 360 Radio
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió desde el 2 de agosto que no existía ninguna irregularidad en el sistema procesal que eligió la Fiscalía General de la Nación para investigar al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por las irregularidades en la contratación de las obras de la Troncal La Paz.
La Corte ya ha señalado en por lo menos tres ocasiones previas, que no existe ninguna prueba para revocar la medida de aseguramiento dictada en contra de Gaviria por la Fiscalía, desde junio del año pasado.
«La defensa del mandatario regional no ha expuesto prueba alguna que desvirtúe la inferencia razonable propuesta por la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento ni ofrece nuevos elementos de juicio que excluyan la necesidad de la detención para lograr sus objetivos», manifestó en esta ocasión la Corte.
Cabe mencionar que el Tribunal Superior de Medellín ordenó la libertad del mandatario en octubre de 2022, pero nuevamente en marzo de este año, la Fiscalía dictó su detención preventiva.
Esta nueva ratificación por parte de la Corte tiene que ver con los rumores de que el alto tribunal podría anular el caso de Gaviria.
¿Por qué se especula que la investigación puede anularse?
La defensa del mandatario, que lleva más de la mitad de su período legislativo privado de la libertad, alega que este debe ser juzgado bajo la Ley 906 de 2002 y no bajo la Ley 600.
Para comprender la posición de la Procuraduría y a la defensa de Gaviria, hay que tener en cuenta que cuando se aprobó la Ley 906 se dio un período de gracia hasta diciembre de 2008 para migrar todos los casos a ese marco legislativo. El caso por el que se investiga a Aníbal Gaviria data del 2007 y la investigación inició en 2019, por lo que aplicar la Ley 600 no sería lo correcto. Además, la Ley 600 dicta que el investigado debe ser privado de su libertad mientras se recolecta la información necesaria, mientras la Ley 906 permite instaurar los jueces de garantías que defienden la libertad de los investigados.
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Cabe mencionar que aunque la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión de la Corte de seguir investigando al gobernante bajo la Ley 600, la Corte la rechazó, por lo que la investigación ahora está en manos de la Sala de Casación Penal.
¿Qué cambiaría este escenario? En la Corte existe una discusión sobre el período en el que sucedieron los presuntos hechos de corrupción por los que se investiga a Gaviria, relacionados con la Troncal de La Paz durante su primer período como gobernador de Antioquia, pues hay quienes insisten en que el contrato fue tramitado en 2004, antes de que entrara en vigencia la Ley 906 de 2002 y hay quienes consideran que fue después.
En caso de que se defina la segunda opción como la verdadera, la Corte tendría que ordenar la libertad inmediata de Aníbal Gaviria y la Fiscalía General de la Nación deberá pedir la detención ante un magistrado de la Corte y no disponer esta decisión por iniciativa propia.
Sin embargo, esta ratificación en no cambiar el sistema procesal, indica que la investigación seguirá llevándose a cabo.
