La recaudación tributaria en nuestro país como porcentaje del PIB está por debajo del promedio de América Latina y muy abajo en comparación con la OCDE. En el 2018, el porcentaje en Colombia fue de 19,4%, el de la región 23,1% y el de la OCDE 34,3%.
Por: Rafael Nieto Loaiza
Por otro lado, nuestra estructura tributaria está desbalanceada. La mayor parte de los ingresos tiene su origen en el IVA y otros impuestos sobre bienes y servicios (29,4%), después en la renta de sociedades (25,5%) y muy poco en la renta de personas naturales (6%). En AL esos porcentajes son del 28%, 16% y 10%, respectivamente. En la OCDE 20%, 9% y 24%.
Ahora, la tasa efectiva de tributación en Colombia es altísima. Alcanza el 71,2%, según el Banco Mundial. El promedio global es del 40,4%, el de AL del 46,6%, el de Europa 36,5% y el de Norteamérica del 30,6%. Esa tasa castiga la competitividad, aleja la inversión extranjera y constituye un incentivo perverso para la informalidad.
La pregunta es cómo conseguimos bajar la tasa efectiva de tributación y, al mismo tiempo, aumentar el porcentaje de la recaudación como parte del PIB. De entrada, supone aumentar el número de personas naturales que tributan y disminuir la carga efectiva en cabeza de quienes ya lo hacen, en especial las empresas. Una advertencia: en Colombia la inmensa mayoría de las empresas, el 92,3%, son microempresas.
Así, una reforma tributaria que aumente la tasa efectiva de tributación, que cargue aún más a quienes ya tributan, sería un grave error. Es lo más fácil y sencillo, por supuesto. Los contribuyentes ya están identificados y son mucho más fáciles de fiscalizar. Pero nos haría mucho menos competitivos y castigaría el emprendimiento, la generación de riqueza y la creación de empleo. Además, le daría un palazo adicional a quienes ya vienen muy golpeados por la crisis ocasionada por la pandemia y los confinamientos para contenerla. E invitaría a una mayor informalidad.
Sigo convencido de que es un error fundamental y estratégico centrar el debate en los mecanismos para aumentar el recaudo y no hacerlo sobre los motivos por los que ha aumentado el gasto público, que creció exponencialmente desde 148.3 billones en 2010 hasta llegar a 313.9 para este año, y en por qué los gastos de funcionamiento se han triplicado desde ese año. De la discusión política han desaparecido las palabras austeridad y reducción del tamaño del Estado. En el presupuesto apenas 58 billones son para inversión.