Por qué Bogotá debe poner en cintura a los motociclistas infractores

El deber elemental de un gobernante serio es hacer cumplir la ley. No se trata de un capricho, sino de la base mínima de cualquier sociedad que aspire a vivir en paz. En Bogotá hemos tolerado demasiado tiempo que una parte de los motociclistas —no todos, pero sí demasiados— conviertan la calle en una jungla donde todo vale: saltarse semáforos en rojo, invadir andenes y ciclorrutas, ignorar señales de PARE, adelantar por la derecha, tapar o alterar placas, estacionar donde quieren y, en muchos casos, circular sin SOAT ni revisión técnico-mecánica.

Frente a este panorama, las medidas del alcalde Carlos Fernando Galán para recuperar la autoridad en el espacio público no solo son legítimas: son necesarias y urgentes. Ha dado pasos importantes, pero Bogotá le exige todavía más rigor y firmeza. No puede ceder ante las amenazas ni ante quienes buscan minar su autoridad. Defender el orden es defender la vida.

Galán ha demostrado que entiende el problema, pero su desafío es mantener la línea y apretar aún más. Bogotá necesita que su alcalde no se limite a administrar la coyuntura, sino que marque un antes y un después en la cultura ciudadana. Su gestión en movilidad va en la dirección correcta, pero todavía se queda corta frente a la magnitud del caos. A Galán hay que respaldarlo, pero también exigirle que sea más contundente, que no negocie con los infractores ni ceda al chantaje.Un Concejo con figuras cuestionables

Resulta lamentable que personajes como el concejal Puche tengan hoy asiento en el cabildo distrital. Más preocupante aún que su nombre haya sido promovido por excandidatos a la alcaldía que, por arañar votos, sacrificaron principios. Esa es una señal clara de cómo el oportunismo electoral ha contribuido al desorden que hoy enfrenta Bogotá. Mientras los políticos hacen cálculos, la ciudad se hunde en la indisciplina vial.

Si en Colombia hubiera multas en cada esquina, tendríamos el PIB de Dubái solo con lo que se recaudaría de los motociclistas. El problema es que muchos no pagan. Las cifras lo confirman: más del 60% de las motos no tiene SOAT vigente. A eso se suma una lista interminable de trampas: tapar placas para evadir cámaras, circular sin matrícula, pasar semáforos en rojo o invadir andenes como si fueran pistas. No hablamos de “faltas pequeñas”; hablamos de conductas que ponen vidas en riesgo todos los días.

Los retenes son legales, no persecución

Conviene aclararlo de una vez: los controles viales —los famosos retenes— no son ilegales ni arbitrarios. El Código Nacional de Tránsito los define claramente como “puestos de control instalados por autoridades legítimamente constituidas”. Negar su validez es desconocer el marco jurídico. Por supuesto, abusos puntuales deben sancionarse, pero eso no elimina la regla general: los retenes son legales y necesarios. Quien insiste en llamarlos “persecución” lo hace porque necesita excusas para seguir incumpliendo la ley.

Los datos son tozudos. Según Fasecolda, con corte a 2024, apenas el 52% del parque vehicular tenía SOAT vigente. En las motos, la evasión alcanzó el 59%. Cada motocicleta sin seguro es una bomba de tiempo: si ocurre un accidente, la atención médica termina siendo cubierta por el sistema público de salud a través de la ADRES, es decir, pagada por todos los colombianos. Es una injusticia contra quienes sí cumplen y una carga desmedida para hospitales y clínicas.

A esto se suma que los motociclistas concentran la mayoría de las víctimas mortales en siniestros viales. No es una percepción: son cifras oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Cada año, las motos lideran las estadísticas de fatalidades, y sin embargo seguimos normalizando la infracción como si fuera parte del paisaje urbano.

Otro argumento recurrente es que “como las motos no pagan peajes, el Estado las persigue de otras formas”. La verdad es simple: las motocicletas están exentas por norma del cobro de peajes en la red nacional. Eso es un beneficio, no un permiso para incumplir las demás obligaciones. El hecho de que no paguen peaje no las habilita para circular sin SOAT, sin revisión, o para pasarse semáforos. Ese razonamiento es, además de tramposo, profundamente irresponsable.

Cubrir, alterar o modificar la placa para evadir la fotodetección es fraude vial. Y no se trata de un detalle menor: la placa es la forma más básica de trazabilidad que tiene la autoridad. Sin ella, la norma se convierte en letra muerta. Quien defiende a los que esconden placas no defiende la libertad, defiende la trampa.

La administración distrital no está cruzada de brazos. En agosto, la Secretaría de Movilidad adelantó operativos en la Avenida Guayacanes para recuperar los andenes invadidos por motos. Decenas de comparendos e inmovilizaciones se impusieron en un solo día. A eso se suman miles de sanciones por parqueo indebido y ocupación del espacio peatonal en lo corrido del año. Son medidas concretas, visibles y necesarias para proteger al peatón, que sigue siendo el actor más vulnerable de la vía.

Cinco caminos para avanzar con los motociclistas

Respaldar la autoridad es clave, pero también lo es pensar en soluciones integrales. Bogotá necesita un paquete de medidas sostenidas en cinco frentes:

1. Andenes blindados: diseño urbano y bolardos que impidan la invasión.

2. Tecnología que salva vidas: más cámaras debidamente señalizadas y analítica de video para detectar cruce en rojo, invasión de andenes y motos sin placas.

3. Cero tolerancia con el SOAT vencido: integración de bases de datos para suspender de inmediato la circulación de motos sin seguro, con facilidades de pago pero consecuencias reales al reincidente.

4. Participación responsable: el nuevo Consejo Distrital de Motociclistas debe servir para separar a los cumplidos de los infractores y co-crear soluciones.

5. Comunicación clara: explicar las medidas, mostrar resultados y publicar mapas de operativos para ganar apoyo ciudadano.

No más chantaje de los infractores

Quienes hoy llaman “retenes ilegales” a los controles buscan, en realidad, deslegitimar la autoridad. No podemos ceder ante ese chantaje. La Corte Constitucional y la ley son claras: los controles existen para proteger el interés general, en especial la vida. Bogotá no puede seguir siendo rehén de los infractores profesionales.

Bogotá se construyó sobre la tradición del civismo, no sobre la trampa. Recuperar esa cultura no es nostalgia: es la única manera de proyectar una ciudad más segura, más caminable y más próspera. Apoyar a Galán en esta tarea es apoyar al peatón que merece un andén libre, al adulto mayor que debe cruzar sin miedo y al trabajador que no tiene por qué compartir su carril con quien decidió invadir la vía peatonal. La ley no es una sugerencia: es el piso mínimo de la convivencia.

Una posdata necesaria: a los motociclistas responsables, que son mayoría, este editorial no los señala; al contrario, los reconoce. Ustedes son aliados en la construcción de una ciudad más segura. La autoridad necesita de su apoyo para aislar a los infractores y dignificar un modo de transporte que, bien regulado, puede seguir siendo parte fundamental de la movilidad.

El camino es claro: orden, vida y futuro compartido. Y para llegar allí, Bogotá necesita un alcalde que no titubee y una ciudadanía que deje de tolerar la trampa como si fuera normal. La autoridad debe estar del lado de la gente honesta, y para eso hay que poner en cintura a quienes han confundido la moto con un pase libre para la ilegalidad.