En un paso que marca una coyuntura crítica, el Consejo de Estado ha presentado una serie de reparos al proyecto de ley sobre arbitramento de litigios tributarios, aduaneros o cambiarios entre contribuyentes y la Dian, actualmente en discusión en el Congreso de la República. La carta enviada al Senado y la Cámara de Representantes revela preocupaciones fundamentales del tribunal.
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Preocupaciones del Consejo de Estado: urgencia, competencias y principios constitucionales*
El presidente del Consejo de Estado, magistrado Jaime Enrique Rodriguez Navas, expresó extrañeza ante la solicitud de trámite de urgencia para el proyecto. Considera que introducir una figura nueva en materia tributaria, cambiaria y aduanera sin un debate extenso y transparente genera un escenario que requiere una discusión más amplia y profunda.
Además, la carta del Consejo de Estado advierte que el proyecto atribuye competencias a secciones específicas del tribunal, exigiendo el concepto previo de la Sala de Consulta y Servicio Civil, que hasta el momento no ha sido consultada. Esto plantea dudas sobre la adecuada consideración de todas las instancias pertinentes en el proceso legislativo.
El Consejo de Estado sostiene que el arbitraje en materia fiscal se aparta de los fines constitucionales y legales, ya que los tributos no deben ser objeto de conciliación o transacción. Asegura que esto vulnera varios principios constitucionales, incluyendo el de jurisdiccionalidad y la tutela judicial efectiva.
La carta también destaca que el proyecto somete al arbitraje actos administrativos en materia tributaria, desconociendo la potestad sancionadora del Estado. Asimismo, plantea inquietudes sobre la posible inseguridad jurídica y la diferencia entre laudos arbitrales y precedentes judiciales, generando un escenario que podría comprometer el principio de igualdad constitucional.
En conclusión, el Consejo de Estado hace un llamado al Gobierno para que considere las inquietudes planteadas y tenga en cuenta la opinión de las altas cortes en esta discusión. La controversia en torno a este proyecto de ley resalta la necesidad de un análisis profundo y equilibrado para abordar los desafíos del arbitramento tributario en Colombia. El Congreso enfrenta ahora la tarea de ponderar estas preocupaciones en su discusión y eventual aprobación del proyecto.
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