Fedesarrollo, empresdarios y los sindicatos hacen propuestas iniciales ante el Gobierno, se evidencian marcadas diferencias, mientras expertos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, enfatizan la necesidad de un enfoque responsable que equilibre poder adquisitivo y sostenibilidad del empleo.
Propuesta de ajuste al salario mínimo para 2025: Análisis y recomendaciones de Fedesarrollo
Los sindicatos han planteado un aumento del 10%, equivalente a $130.000, lo que situaría el salario mínimo en $1,43 millones. Por su parte, los empresarios proponen un alza más moderada del 6,5%, o $84.500, que dejaría el ingreso base en $1,38 millones.
El Gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se posiciona en un punto intermedio, sugiriendo un incremento del 6,2%, o $80.600, sustentado en la inflación proyectada y un punto adicional por productividad.
Luis Fernando Mejía advierte que el debate debe considerar el difícil entorno económico actual. “La inflación está descendiendo lentamente y cerrará el año en torno al 5,2%, según nuestras estimaciones. Sin embargo, la tasa de desempleo sigue siendo alta, promediando un 10% en los últimos tres meses. Además, la productividad laboral, que pronto será anunciada por el Dane, no reflejará un cambio significativo debido al escaso crecimiento económico”, explicó.
Según Mejía, un aumento del 6% podría ser una solución equilibrada. “Este porcentaje permitiría mantener el poder adquisitivo de los trabajadores formales sin comprometer la generación de empleo. No podemos olvidar que nuestra economía sigue lejos de alcanzar el ritmo de crecimiento necesario para absorber la demanda laboral”, subrayó.
De adoptarse el incremento del 6,5% propuesto por los empresarios, el salario mínimo mensual quedaría en $1.384.500, excluyendo el auxilio de transporte, que es fundamental para los ingresos totales de los trabajadores que perciben el salario base. Por otro lado, la propuesta sindical llevaría esta cifra a $1.430.000, una diferencia significativa que podría impactar a los sectores productivos y el empleo formal.
La discusión del salario mínimo no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales, ya que afecta directamente a millones de trabajadores en el país. La necesidad de un acuerdo entre las partes se vuelve urgente en un contexto de bajo crecimiento y alta inflación acumulada, que ha mermado el poder adquisitivo de los hogares.
Con la mesa de negociación en curso, los retos están servidos: encontrar un punto medio que permita a los trabajadores enfrentar el costo de vida sin poner en peligro la estabilidad de las empresas y la generación de empleo. El llamado de Fedesarrollo a la prudencia podría ser clave para definir un ajuste que beneficie a todas las partes involucradas.
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