La polémica que rodea al representante a la Cámara David Racero (Pacto Histórico) por supuestas irregularidades en el manejo de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) ha escalado más allá de los estrados judiciales y llegó a las redes sociales.
Ciudadanos exigen renuncia de David Racero por irregularidades en su Unidad de Trabajo Legislativo
En las últimas horas, un grupo de ciudadanos lanzó una firmatón virtual para solicitar su renuncia, iniciativa que cuenta con el respaldo visible de la exsecretaria general del Centro Democrático y excónsul en Houston, Amalia Salgado.
Un congresista que explota a sus trabajadores no puede hacer leyes para los colombianos.#DavidRacero debe renunciar. Por coherencia. Por dignidad. Por ética. Por respeto.
📝 Firma la solicitud aquí: https://t.co/EE0KwniXCQ#PorCoherenciaYoFirmo pic.twitter.com/cgeV1oWpkU
— Amalia Salgado Romero (@AmaliaSalgadoR) May 26, 2025
Panorama general: El congresista Racero ha sido objeto de presuntas denuncias públicas e investigaciones por presuntas prácticas irregulares en su UTL, incluyendo:
Supuestas exigencias de aportes económicos por parte de sus colaboradores.
Asignación de tareas no relacionadas con funciones legislativas, como trabajar en un fruver de su propiedad.
Señalamientos por presuntamente gestionar influencias en el SENA para ubicar aliados políticos.
Estos hechos están siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, organismos que han iniciado procesos para esclarecer las responsabilidades del representante en estos presuntos abusos de poder. La controversia ha generado indignación en amplios sectores sociales y políticos, y ha abierto un debate sobre la transparencia y ética en el Congreso.
Por qué es importante: Aunque la firmatón se centra en el caso específico de David Racero, muchos ciudadanos consideran que este tipo de denuncias reflejan una problemática estructural del Congreso colombiano: la poca supervisión en la contratación dentro de las UTL, el uso político de estos equipos y la falta de consecuencias ante posibles abusos.
Este caso ha reabierto la discusión sobre la necesidad de reformar los mecanismos de asignación de personal legislativo y establecer controles más estrictos que eviten el clientelismo y la corrupción.
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