En Colombia, la expresión “transición energética” se ha consolidado en el discurso político, regulatorio y académico, pero la realidad material sigue dominada por los combustibles fósiles. La matriz de energía primaria depende todavía en más de tres cuartas partes del petróleo, el gas y el carbón, mientras que las energías renovables no convencionales crecen desde una base aún pequeña. La matriz eléctrica, en contraste, es relativamente limpia: alrededor de dos tercios de la generación anual provienen de fuentes hidroeléctricas, complementadas por gas, carbón y una participación todavía incipiente de la solar y la eólica.
Este contenido hace parte de la Revista 360 – Edición 10: El año de las Decisiones. Producto periodístico anual y exclusivo elaborado por 360 Radio.
El debate de fondo ya no es si el país debe descarbonizarse ni si debe aumentar la participación de renovables. El consenso técnico es claro, dentro y fuera del gobierno, en que la economía colombiana necesita reducir su dependencia de los fósiles y fortalecer la eficiencia energética. La pregunta crítica, para una audiencia experta, es otra: cómo lograr un equilibrio pragmático entre la explotación responsable de recursos fósiles y minerales, y el despliegue acelerado de renovables, de manera que se preserve la seguridad energética, la estabilidad fiscal y la competitividad, sin generar vacíos de energía ni fracturas territoriales.
Colombia se mantiene entre los principales productores de oro de la región y el metal es un componente relevante de las exportaciones mineras. Más allá de su papel tradicional como refugio financiero, el oro se ha convertido en insumo crítico para cadenas de alto valor agregado: electrónica, telecomunicaciones, sistemas de control, sensores de precisión y equipos asociados a la propia transición energética. Un mundo más electrificado y digitalizado demanda más oro y otros metales estratégicos.
La contracara es la expansión persistente de la minería ilegal de oro. Informes recientes de entidades de control y de organismos internacionales señalan que la explotación ilícita de minerales afecta a la gran mayoría de los departamentos y que una fracción sustantiva de la producción de oro del país se realiza al margen de la titulación y de la autoridad ambiental. En la Amazonia y el Pacífico, la minería de oro de aluvión se cuenta entre las principales causas de degradación de bosques, contaminación por mercurio y presión sobre comunidades indígenas y rurales. En varias cuencas, el oro es hoy un motor central de deforestación, desplazamiento y violencia.
Esta realidad pone en evidencia una paradoja de la transición. Por un lado, un sistema energético basado en renovables, redes inteligentes y almacenamiento masivo es mucho más intensivo en minerales que uno dominado por combustibles fósiles. Por otro, crece la resistencia social y política a la actividad minera. La respuesta razonable no es renunciar a la minería, sino transformarla. La prioridad para el oro, y para otros minerales estratégicos, debería ser clara: formalización masiva, eliminación del mercurio, controles estrictos sobre la cadena comercial y uso estratégico de regalías y tributos para restauración ecológica y desarrollo territorial. La lucha contra la minería ilegal de oro es, al mismo tiempo, política de seguridad, de desarrollo rural y de transición energética.
El carbón sigue siendo uno de los pilares de la balanza comercial colombiana. El país se ubica entre los principales exportadores de carbón térmico del mundo y destina la mayor parte de su producción a mercados externos, en particular de Europa y Asia. Para departamentos como Cesar y La Guajira, la cadena carbonífera ha sido, durante décadas, la base de la economía regional, el núcleo del empleo formal, la fuente principal de regalías y la columna vertebral de las finanzas territoriales.
El gas natural ocupa un lugar estratégico en la discusión sobre suficiencia y seguridad energética. Es un combustible fósil, pero con menor huella de carbono que el carbón y el diésel, y ofrece una flexibilidad operativa que lo hace fundamental como respaldo de sistemas con alta participación hídrica y creciente presencia de renovables intermitentes. En Colombia, el gas es pilar de la industria, el sector residencial y, de forma crucial, del soporte térmico para enfrentar fenómenos de El Niño y otros eventos de variabilidad climática.
Las cifras de reservas, no obstante, encienden señales de alerta. Los informes técnicos han mostrado una relación reservas-producción del gas que se mueve en rangos relativamente cortos, del orden de pocos años, con fases de leve recuperación, pero sin consolidar un horizonte largo y estable. El petróleo ha logrado mejorar su perfil de reservas gracias a nuevos hallazgos y a una mejor gestión de campos maduros, mientras que el gas mantiene una trayectoria más vulnerable. Ello alimenta la preocupación de que, sin una nueva ola exploratoria y sin inversiones en infraestructura, el país se vea obligado a depender de importaciones en un contexto de alta competencia global por este recurso.
Tratar el gas como combustible de transición requiere, por tanto, decisiones concretas. Por un lado, sostener y ordenar la exploración, tanto en cuencas maduras como en proyectos costa afuera, bajo estándares ambientales y sociales rigurosos. Por otro, ampliar gasoductos troncales, desarrollar almacenamiento y asegurar capacidad de regasificación que permita complementar, y no sustituir, la producción local. Una salida apresurada del gas difícilmente reducirá las emisiones globales, porque la demanda se trasladaría a otros proveedores, pero sí elevaría los costos de la energía doméstica, afectando la competitividad industrial y la estabilidad de la matriz eléctrica. El gas es, en la práctica, el eslabón crítico que puede hacer viable una transición ordenada o precipitar crisis de abastecimiento.
Varios casos internacionales muestran que no existe una dicotomía rígida entre explotar hidrocarburos y avanzar en renovables. Noruega es uno de los ejemplos más citados: combina un rol relevante como exportador de petróleo y gas con una matriz eléctrica casi totalmente renovable, dominada por la hidroelectricidad y reforzada por la eólica. Además, ha alcanzado niveles de penetración de vehículos eléctricos en las ventas de autos nuevos que son referencia global. El elemento institucional clave es un fondo soberano de inversión alimentado por la renta petrolera y gestionado con una lógica de largo plazo, que financia parte de la diversificación económica y de la agenda climática.
Chile, por su parte, avanzó sin grandes reservas de hidrocarburos, apoyándose en subastas competitivas, reglas estables para inversionistas y una planificación robusta de la transmisión. Esto permitió que la combinación de solar y eólica gane rápidamente participación y desplace al carbón en la generación eléctrica, manteniendo la seguridad de suministro. No hay prohibiciones absolutas, sino señales de precios, competencia y una institucionalidad capaz de coordinar generación, redes y almacenamiento.
El mensaje para Colombia es que la transición no se decide únicamente desde el discurso, sino desde el diseño de instituciones y reglas que alineen inversiones, riesgos y retornos. La suficiencia energética y la descarbonización no se logran con eslóganes contra los fósiles, pero tampoco con la defensa acrítica del modelo actual. Requieren usar la renta fósil y minera como palanca para acelerar la nueva matriz, no como excusa para aplazarla.
La discusión colombiana sobre transición energética está atravesada por varias contradicciones que vale la pena explicitar. La primera es la brecha entre la contribución real del país al cambio climático y el costo interno de ciertas propuestas. Colombia representa una fracción pequeña de las emisiones globales, pero su economía depende de exportaciones de combustibles fósiles cuyas emisiones asociadas se materializan principalmente en otros territorios. Un cierre unilateral de la industria de hidrocarburos apenas alteraría la trayectoria climática global, pero tendría efectos contundentes sobre la balanza de pagos, las finanzas públicas y el empleo.
La segunda contradicción es la distancia entre el rechazo político y social a la minería y la necesidad de minerales para sostener la transición. Sistemas más electrificados, con más almacenamiento, más redes y más vehículos eléctricos, implican más demanda de cobre, níquel, litio, tierras raras y, en algunos segmentos, de oro. Un ambientalismo coherente no puede ser, a la vez, anti-minero y pro-transición. La consistencia exige apoyar una minería formal bajo altos estándares y combatir de manera frontal la minería ilegal y la deforestación, que concentran la mayor parte de los daños socioambientales.
La tercera tensión se ubica en el terreno fiscal y territorial. Petróleo y carbón siguen siendo fuentes centrales de exportaciones y de regalías que financian educación, infraestructura y programas sociales, especialmente en regiones con pocas alternativas productivas. Plantear un desmonte rápido sin una estrategia sólida de reemplazo de ingresos y de reconversión productiva puede terminar generando una transición regresiva, percibida como una imposición que castiga a los territorios productores mientras beneficia a los grandes centros de consumo.
Arabia Saudita ofrece una referencia distinta, pero ilustrativa, sobre la relación entre renta fósil y transición. Pese a ser una economía fuertemente dependiente del petróleo, el país ha puesto en marcha una agenda de diversificación productiva y energética que incluye objetivos ambiciosos de capacidad solar y eólica, junto con megaproyectos de hidrógeno de bajas emisiones y programas de captura y almacenamiento de carbono. El instrumento central para este giro es un fondo de inversión público que canaliza parte de la renta petrolera hacia proyectos de largo plazo en infraestructura, tecnología y nuevos sectores.
La lógica de fondo es clara: el petróleo seguirá siendo relevante durante varias décadas, pero su peso relativo disminuirá en la economía global. La respuesta no es negar esa realidad, sino aprovechar la ventana actual de precios y volúmenes para financiar la economía del futuro. No se plantea una oposición entre “petróleo o transición”, sino una transición financiada por la última gran ola de renta fósil. Para Colombia, que también depende de la exportación de hidrocarburos y carbón, la lección es evidente: sin una arquitectura institucional que transforme la renta actual en ahorro e inversión estratégica, la transición corre el riesgo de quedarse en el discurso.
Para Colombia, el desafío es evitar dos extremos: el inmovilismo que defiende el statu quo fósil sin acelerar las renovables, y el voluntarismo que promete abandonar rápidamente el petróleo, el gas y el carbón sin garantizar seguridad energética ni estabilidad fiscal. Un punto de equilibrio razonable puede apoyarse en cinco ejes: consolidar el gas como combustible de transición con reservas y redes suficientes; aprovechar la ventana del carbón para financiar una transición justa en Cesar y La Guajira; transformar la minería de oro y de minerales estratégicos hacia un modelo limpio y trazable; acelerar la expansión de renovables y de la infraestructura eléctrica que las haga viables; y crear un fondo intergeneracional y territorial que convierta la renta fósil y minera de hoy en educación, ciencia, tecnología e innovación para mañana.
Si el país logra avanzar de forma coherente en estas direcciones, la transición energética dejará de ser un eslogan para convertirse en una estrategia de desarrollo. Los recursos fósiles y minerales no serán vistos como una traba o una maldición que hay que eliminar a cualquier costo, sino como una plataforma de lanzamiento hacia una economía más diversificada, competitiva y climáticamente responsable.
