El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 11 de agosto en Bogotá, sigue rodeado de interrogantes. Aunque las autoridades reportaron la muerte en un operativo de alias Zarco Aldinever y la captura de un menor de edad señalado como autor material, la versión oficial de un crimen ejecutado por actores aislados despierta profundas dudas.
La familia del senador y diversos sectores políticos coinciden en que la investigación no puede reducirse a un hecho de delincuencia común, pues todo indica que detrás existieron determinadores e ideólogos aún no identificados. “El país no puede aceptar que nos presenten a Aldinever o al joven capturado como lobos solitarios. Este crimen fue planificado y debe conocerse quién dio la orden”, advierten voces cercanas al caso.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es la responsabilidad del adolescente detenido, acusado de disparar el arma que acabó con la vida de Uribe Turbay. Mientras algunas versiones lo describen como un joven manipulado, lo cierto es que tenía antecedentes delictivos. Más allá de la discusión jurídica sobre su condición de menor de edad, analistas insisten en que el país debe saber quién lo reclutó, quién lo contrató y quién le pagó. No basta con que responda como autor material: debe colaborar con la justicia para identificar la cadena de mando detrás del crimen.
Las contradicciones entre las versiones oficiales en Colombia y las hipótesis de agencias de inteligencia extranjeras aumentan la incertidumbre. Mientras en el país algunos sostienen que se trató de una operación sicarial, fuentes internacionales apuntan a la participación de estructuras más amplias. Esta diferencia no es un buen síntoma: plantea la duda de qué información tienen en el exterior que no se está investigando internamente.
Otro de los cuestionamientos recae en la falta de coordinación internacional. Desde distintos sectores se señala a la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, como posible determinadora del magnicidio. Sin embargo, aunque se reconoce que Márquez se refugia en Venezuela, hasta ahora no hay evidencia de una gestión contundente del gobierno colombiano ante Nicolás Maduro para lograr
“Si Petro no fuera el presidente, Miguel estaría vivo”: Federico Gutiérrez
su captura. La omisión alimenta la sospecha de que existen intereses políticos que impiden avanzar en esa línea de investigación.
La principal preocupación es que el caso termine como otros magnicidios de la historia reciente, como el de Álvaro Gómez Hurtado: con expedientes inconclusos, responsables intelectuales que nunca aparecen y una narrativa oficial limitada a presentar el hecho como un simple caso de sicariato. “Colombia no puede resignarse a esa versión. El magnicidio de Miguel Uribe debe esclarecerse en todas sus dimensiones”, señalan expertos en justicia transicional.
El crimen no solo dejó una familia rota, sino que también golpeó la confianza en las instituciones y la estabilidad democrática. Con elecciones legislativas y presidenciales en el horizonte, varios candidatos del mismo espectro político de Uribe han denunciado amenazas, cancelado eventos y limitado su participación por motivos de seguridad. En este contexto, esclarecer el magnicidio se convierte en una prioridad nacional. El país exige conocer la verdad completa: no solo quién disparó, sino quién dio la orden.
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