La Reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro vive días decisivos. Tras el debate jurídico por la convocatoria a una consulta popular y la demanda que cuestiona la votación del Senado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reiteró que la Casa de Nariño “acatará cualquier decisión de las cortes”.
El ministro también insistió en que el Ejecutivo seguirá impulsando cambios para fortalecer los derechos de los trabajadores.
Ya tenemos un borrador de decreto para convocar la Consulta Popular. Queremos que las trabajadoras y los trabajadores tengan derechos laborales dignos y lo único que hemos visto es a Efraín Cepeda haciendo actos espurios e ilegítimos para que la clase obrera no tengan sus… pic.twitter.com/Rb9H7qudj4
— Armando Benedetti (@AABenedetti) June 3, 2025
La Reforma laboral y su accidentado camino legislativo
El proyecto de Reforma laboral fue radicado en marzo de 2024 y, un año después, solo ha superado dos de los cuatro debates requeridos.
El Senado hundió la consulta popular en abril, pero el Ejecutivo considera que ese trámite tuvo vicios de procedimiento y que, por tanto, puede revivirla mediante decreto mientras el Consejo de Estado decide sobre la nulidad que un abogado particular interpuso contra la votación.
Pese al revés parlamentario, el Gobierno sostiene que la iniciativa responde a compromisos internacionales, como el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical, y busca restituir pagos dominicales, recargos nocturnos desde las 6 p. m. y mayores garantías para la negociación colectiva.
Según el Ministerio de Trabajo, más de 9,5 millones de empleados informales podrían beneficiarse gradualmente con nuevas fórmulas de formalización.
Benedetti niega que impulsar la consulta popular por decreto constituya un “golpe de Estado”. Alega que, al remitir el texto a la Corte Constitucional antes de su expedición, el Ejecutivo respeta la separación de poderes y abre la puerta a que el alto tribunal defina la competencia entre el presidente y el Congreso.
Consulta popular: ¿Plan B de la Reforma Laboral o derrotero democrático?
El Gobierno ve la consulta como una herramienta legítima para destrabar la Reforma laboral si el Legislativo la archiva. Sin embargo, el registrador nacional alertó que organizarla costaría alrededor de 700 000 millones de pesos, recursos que aún no tienen fuente segura.
Analistas advierten que la figura del referendo constitucional—utilizada para la reelección presidencial en 2003—no aplica en este caso, pues la Reforma laboral no pretende modificar la Carta Política, sino leyes estatutarias.
Por ello, la consulta popular, con un umbral del 33 % del censo electoral, resulta jurídicamente más viable, pero políticamente riesgosa: el padrón supera los 39 millones de votantes y la abstención histórica ha rondado el 50 %.
Aun así, la Casa de Nariño confía en que la alta popularidad de las reformas sociales impulse la participación. En la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (mayo 2025), el 54 % de los encuestados respalda la idea de votar la Reforma laboral en las urnas, mientras el 38 % la rechaza y el resto se muestra indeciso.
Pronunciamientos internacionales y efectos económicos
La Organización Internacional del Trabajo publicará en los próximos días un concepto “positivo” sobre el articulado, adelantó Benedetti. La OIT ya había recomendado en octubre de 2024 fortalecer la protección contra el despido injustificado y mejorar la inspección laboral, elementos incluidos en la nueva versión del proyecto.
En el frente macroeconómico, Fedesarrollo calcula que la ampliación de recargos nocturnos elevaría los costos laborales directos en 4,2 % para los sectores de comercio y servicios; la ANDI advierte impactos de hasta 6 % en manufactura.
Sin embargo, el Gobierno replica que una mayor masa salarial dinamizará la demanda interna, lo que podría sumar entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales al PIB en el primer año de vigencia, según estimaciones de Planeación Nacional divulgadas al Congreso.
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Los defensores subrayan que la Reforma laboral incluye incentivos tributarios para microempresas que contraten jóvenes y mujeres, así como un fondo de transición financiado con 0,5 % de la nómina destinada hoy a cajas de compensación. Para los emprendimientos de la economía popular se plantea una cotización presuntiva basada en ingresos reales, no en el salario mínimo, con el fin de reducir la informalidad.
Lo que sigue para la Reforma laboral
Mientras el Consejo de Estado analiza la demanda de nulidad y la Corte Constitucional se prepara para pronunciarse sobre el eventual decreto, la Comisión Cuarta del Senado reprogramó el tercer debate para el 18 de junio. Si la cámara alta vuelve a archivar el texto, el Ejecutivo dispondrá de un mes para expedir la consulta popular o radicar una nueva iniciativa en la próxima legislatura que inicia el 20 de julio.
La Reforma laboral también enfrenta la presión del calendario: si no se aprueba antes del 20 de julio de 2025, deberá volver a empezar su trámite en la siguiente legislatura. Ese límite obliga a acelerar consensos con los gremios y las bancadas, que aún discuten la gradualidad de los recargos y la creación de un fondo solidario para el desempleo estructural.
La suerte de la Reforma laboral dependerá tanto del pulso político en el Senado como del veredicto de las altas cortes sobre la consulta popular. Más allá de la vía jurídica que prevalezca, el reto central sigue siendo cerrar brechas históricas en un mercado laboral con alta informalidad y desigualdad de género.
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